PRONUNCIAMIENTO INSTITUCIONAL
A PROPÓSITO DEL PREDIO “ADÁN Y EVA”, PROPIEDAD DEL HIJO DEL PRESIDENTE
La Fundación TIERRA, como organización boliviana dedicada a estudios agroambientales, expresa públicamente su profunda preocupación por las revelaciones hechas por la investigación periodística “Las tierras del hijo del presidente”, publicada por CONNECTAS y medios aliados el 20 de mayo de 2025. Este reportaje detalla presuntas irregularidades en la compra de la propiedad agraria “Adán y Eva” por parte de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, así como irregularidades en el uso del suelo y posibles delitos de tráfico de influencias y contravenciones de normativas agroambientales por parte de instituciones estatales como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Con el fin de contribuir a la opinión pública informada y responsable, hacemos conocer las siguientes puntualizaciones específicas:
- Sobre el predio. “Adán y Eva” se encuentra entre los municipios de La Guardia y Cabezas del departamento de Santa Cruz, dentro de una zona de alto valor comercial para la expansión de monocultivos, por lo que los precios de mercado oscilan entre 2.000 y 3.500 dólares por hectárea. Adicionalmente, además del valor de la transferencia, el desarrollo productivo de este tipo de propiedades requiere inversiones iguales o mayores por cada hectárea para cubrir los costos de desmonte, habilitación, siembra, uso de semillas transgénicas, agroquímicos, cosecha, almacenamiento y empleo de tecnología mecanizada.
- Sobre el cambio del uso del suelo. Según consta en el sistema de catastro rural de acceso público, la propiedad “Adán y Eva”, al momento de la titulación (año 2015), fue clasificada por el INRA como “Empresarial” y el uso del suelo calificado como “Agrícola”. Sin embargo, la zona donde se encuentra el predio tiene estrictas medidas de protección establecidas en el Plan de Uso del Suelo (PLUS) de Santa Cruz. La propiedad está dentro de la categoría de Bosque de Conservación y Manejo sostenible (categoría B-C) y bajo la clasificación de Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP).
Lo anterior significa que la actividad agrícola sólo está permitida a pequeña escala, de manera manual y únicamente bajo sistemas agrosilvopastoriles. Los monocultivos y desmontes mecanizados no están permitidos en la zona. Sin embargo, el Plan de Ordenamiento Predial (POP) otorgado y luego modificado por la ABT amplió los permisos de desmontes a casi mil hectáreas, vulnerando lo establecido en el PLUS. Adicionalmente, el POP no contempla ni autoriza los cultivos de maíz y soya, situación que debería ser controlada y fiscalizada por las instancias estatales correspondientes. Por último, a pesar de que en septiembre de 2024 se decretó una pausa ambiental ecológica en todo el país, prohibiendo cualquier tipo de quemas, meses después, en el predio en cuestión se registraron efectivamente varios focos de calor.
- Sobre la gravedad de los daños ambientales. Lamentablemente, las ilegalidades y los presuntos delitos agrarios y ambientales identificados por la investigación periodística de CONNECTAS no son hechos aislados ni puntuales, sino bastante comunes y generalizados. Existen cientos de propiedades tituladas por el INRA como tierras aptas para la agricultura mecanizada, a pesar de que se sobreponen con áreas categorizadas como bosques de protección o tierras sin aptitud para la agricultura intensiva o ganadería comercial. Asimismo, existen cientos de miles de hectáreas con autorizaciones de la ABT para desmontes y quemas, donde se cambia el uso del suelo, permitiendo la agricultura mecanizada, a pesar de que se encuentran dentro de áreas clasificadas como tierras de producción forestal permanente o tierras aptas solamente para agricultura a pequeña escala sin mecanización.
Ante esta situación, en el marco del respeto al Estado de Derecho y considerando la urgente necesidad de luchar contra los delitos agroambientales, es imprescindible:
- Que se realice una investigación sin injerencia política puesto que, al tratarse de un caso con posibles conflictos de interés de alto perfil, es necesario que se lleve adelante dentro de un proceso investigativo/judicial con todas las garantías de transparencia, imparcialidad y sin injerencia del poder Ejecutivo, evitando, además, la politización del caso por la coyuntura electoral. Un pronunciamiento oficial en este sentido sería una señal política de suma importancia para Bolivia. El país espera respuestas de las partes e instituciones involucradas, además del Poder Ejecutivo en general.
- Que este caso sea el inicio de un proceso amplio de investigación y fiscalización nacional de las irregularidades y delitos agroambientales que están por detrás de las autorizaciones de asentamientos en tierras y bosques protegidos, titulaciones de predios empresariales con derechos de uso agrícolas que contravienen las normativas vigentes, aprobaciones de modificaciones de POP, permisos de desmontes y quemas, entre otros.
Fundación TIERRA
La Paz, 22 de mayo de 2025
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