Marchistas indígenas y campesinos activaron protestas en La Paz contra la Ley 1720, exigiendo su abrogación tras casi un mes de caminata. En paralelo, diputados presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el TCP, mientras la Fundación TIERRA ratificó su respaldo a la movilización y advirtió riesgos para territorios y derechos agrarios.

Ante la actual vigencia de la Ley 1720 —que establece la denominada “conversión voluntaria” de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad, y que es rechazada por la marcha indígena campesina que recientemente ha arribado a la sede de gobierno— manifestamos a la opinión pública y las autoridades lo siguiente:

La marcha por la defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios llegó a La Paz y enfrenta una situación crítica en Urujara. Al menos 50 marchistas de la delegación de la CPMB presentaron complicaciones de salud la noche del 1 de mayo, mientras avanzaban por el sector de la cumbre, en dirección a la Sede de Gobierno.

Llegaron a Yolosita con ampollas en los pies, dolores musculares, algunos con vómitos y jaqueca después de cruzar el Choro. Decenas de hombres y mujeres e incluso niños llevan 22 días caminando desde Pando. Este jueves, el frío de la altura comenzó a golpear a quienes nunca lo habían sentido. Pero la marcha no paró ni se detendrá. Su objetivo es el mismo, la abrogación de la Ley 1720 y el respeto a la pequeña propiedad. Y para no ser juzgados con otra finalidad, decidieron que no se mezclarán con otras movilizaciones, no desviarán su causa.

Cien metros adelante de todos, Ernesto Peinado Durí camina solo. No por castigo ni por protocolo, sino porque alguien tiene que ir primero, leer el camino, medir el peligro, decidir si la carretera es de los marchistas o de los camiones que vienen sin avisar. Es su avanzada. No va desapercibido. Lleva consigo su bandera en la mano y así ha caminado veintidós días. La prueba de su periplo son sus ampollas que quedaron en su cuerpo por su marcha entre asfalto, piedras y tierra.

A través de una nota formal, el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB) solicitó a la Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), María Eugenia García Moreno, que la institución brinde acogida solidaria a aproximadamente 2.000 personas que arribarán a La Paz en el marco de la Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de la Tierra y Territorio.