La Defensoría del Pueblo y 125 organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la creciente confrontación en Bolivia no solo está agravando el desabastecimiento y la tensión social, sino también debilitando los espacios mínimos de entendimiento entre distintos sectores del país.

Las organizaciones indígenas y campesinas que protagonizaron la “Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígena Originario Campesinos” rechazaron de forma categórica las denuncias de que su movilización estaría financiada o dirigida por organizaciones no gubernamentales (ONG) u otros actores externos.

Alrededor de 70 organizaciones de la sociedad civil boliviana —entre ellas la Fundación TIERRA— suscribieron un pronunciamiento público conjunto en el que rechazan las descalificaciones, la estigmatización y las amenazas dirigidas contra organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades sin fines de lucro, y reafirmaron su papel como defensoras de derechos humanos y actoras del desarrollo.

Marchistas indígenas y campesinos activaron protestas en La Paz contra la Ley 1720, exigiendo su abrogación tras casi un mes de caminata. En paralelo, diputados presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el TCP, mientras la Fundación TIERRA ratificó su respaldo a la movilización y advirtió riesgos para territorios y derechos agrarios.

Ante la actual vigencia de la Ley 1720 —que establece la denominada “conversión voluntaria” de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad, y que es rechazada por la marcha indígena campesina que recientemente ha arribado a la sede de gobierno— manifestamos a la opinión pública y las autoridades lo siguiente:

La marcha por la defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios llegó a La Paz y enfrenta una situación crítica en Urujara. Al menos 50 marchistas de la delegación de la CPMB presentaron complicaciones de salud la noche del 1 de mayo, mientras avanzaban por el sector de la cumbre, en dirección a la Sede de Gobierno.