Un proyecto de ley corta ingresado a la Asamblea Legislativa Plurinacional exige la abrogación total de la Ley N° 1720 —de conversión de la pequeña propiedad a mediada— que fue promulgada el 9 de abril de 2026, por contener cuatro vicios que la hacen incompatible con la Constitución Política del Estado (CPE). La iniciativa llega en medio de una creciente presión social con una marcha indígena-campesina que poco a poco va acercándose a La Paz y que suma, cada día, a diversos sectores en su lucha.

Organizaciones indígenas, originarias y campesinas —reunidas en el Encuentro Nacional por la Tierra y Territorio— dieron 48 horas al Gobierno para responder a sus demandas, incluida la abrogación de la Ley 1720. El pliego contempla cinco puntos sobre tierra y territorio y advierte con movilizaciones si no hay respuesta.

Con un contundente rechazo a Ley 1720 de conversión de la clasificación de la pequeña propiedad a propiedad mediana, la exigencia de consulta previa y respaldo a la marcha indígena campesina que inició en Pando se dio inicio este lunes al Encuentro por la tierra y el territorio de pueblos indígenas, originarios y campesinos en la ciudad de Santa Cruz, que fue convocado por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) en el que participan diversas organizaciones territoriales e indígenas de Bolivia.

Frente a diversas amenazas, organizaciones de base, plataformas territoriales y aliados estratégicos se reunirán los días 13 y 14 de abril en Santa Cruz de la Sierra en el Encuentro Nacional por la Tierra y Territorio, convocado por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB).

Un par de chozas improvisadas, árboles derribados y el trazo de un camino en plena apertura. Eso fue lo que encontraron en la última semana los monitores de Tacana II, durante un recorrido por su territorio. El hallazgo los puso en alerta máxima por el lugar exacto donde ocurre, que es un sitio donde se ha identificado la presencia de un pueblo indígena no contactado, y donde además se concentran los árboles de castaña que sostienen la economía de las comunidades del pueblo indígena.

La sanción del Proyecto de Ley 157 en la Cámara de Diputados —que habilita la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria a mediana— desató una ola de rechazo en organizaciones campesinas e indígenas de todo el país, que comenzaron a articular medidas de presión para exigir su anulación. La mencionada normativa viola tres artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y sienta las bases para la reconcentración de tierras y el retorno del latifundio, que son figuras prohibidas por ley, según denunciaron instituciones especializadas en desarrollo rural y agrario.