Tras finalizar su saneamiento interno, 26 comunidades del altiplano paceño comenzaron a aplicar la administración de propiedad de la tierra, conocida también como propuesta de gestión comunal de los derechos de propiedad.
Esta segunda etapa del proceso, sin embargo, no sería posible sin la elaboración y puesta en práctica de dos herramientas en cada comunidad: su estatuto comunal y su libro de registro.
Los estatutos comunales son documentos normativos fruto de la construcción de acuerdos. En su capítulo referido a tierra y territorio se define cómo se manejará la tierra de acuerdo a los pactos y consensos a los que arribaron los miembros de la comunidad. “Por ello, el estatuto debe ser entendido como la adscripción a una alianza que especifica las reglas para el acceso, uso y tenencia de la tierra en forma transparente”, según explicación de Fundación TIERRA.
Los estatutos fueron elaborados en forma participativa, contienen un mapa parlante de la comunidad que muestra cómo los comunarios manejan su territorio, el uso de la tierra, los recursos naturales con los que cuenta la comunidad, las potencialidades e infraestructura productivas y social de cada una.
Además de establecer normas para la administración de los derechos de propiedad de la tierra en el tiempo, el capítulo de tierra y territorio determina la protección y garantías que otorga la comunidad a los derechos propietarios individuales y colectivos a cambio del cumplimiento de la función social. También definen formas y procedimientos para la transferencia de los derechos de propiedad de la tierra.
Así mismo establecen medidas para frenar el minifundio, normas de protección y cumplimiento de los derechos de las mujeres su acceso a la tierra. La problemática de seguridad alimentaria y el rol de la comunidad que asegure los alimentos a las familias también es parte de los estatutos.
Los libros de registro comunal de derechos de propiedad de la tierra reconocen y actualizan esos derechos individuales y colectivos en 22 comunidades. En estos libros las autoridades de cada comunidad anotan la información de los títulos entregados por el INRA o de las actas de acuerdo familiar que son resultado del saneamiento interno.
Las autoridades registran una actualización cuando una propiedad se transfiere por herencia o por compra-venta al interior de las familias o entre familias distintas.
