Marchistas indígenas y campesinos activaron protestas en La Paz contra la Ley 1720, exigiendo su abrogación tras casi un mes de caminata. En paralelo, diputados presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el TCP, mientras la Fundación TIERRA ratificó su respaldo a la movilización y advirtió riesgos para territorios y derechos agrarios.

La Fundación TIERRA presenta las 12 claves para entender el trasfondo del proyecto de normativa sobre la conversión voluntaria de la pequeña propiedad a mediana, que está en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La intervención al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la asignación de atribuciones agrarias al Viceministerio de Autonomías vulneran la normativa agraria y subordinan a la institución a esferas  políticas, lo que puede abrir un escenario de riesgos legales, institucionales y de seguridad jurídica en los procesos de saneamiento y titulación de tierras, advirtió este martes la Fundación TIERRA.

Ante la actual vigencia de la Ley 1720 —que establece la denominada “conversión voluntaria” de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad, y que es rechazada por la marcha indígena campesina que recientemente ha arribado a la sede de gobierno— manifestamos a la opinión pública y las autoridades lo siguiente:

La Fundación TIERRA expresa su profunda preocupación ante la aprobación, en la Cámara de Senadores, del proyecto de ley que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria a propiedad mediana, a simple solicitud de la parte interesada y en un plazo no mayor a diez (10) días.

La Fundación TIERRA expresa su profunda preocupación por las nuevas atribuciones otorgadas al Viceministerio de Autonomías y por el Decreto Supremo 5488, que vulneran la autonomía legal del INRA y abren la puerta a injerencias políticas en los procesos de saneamiento de tierras. Exhortamos al Gobierno a respetar la Ley 1715, garantizar independencia institucional y corregir medidas que ponen en riesgo la seguridad jurídica agraria.