Aunque la Constitución Política del Estado reconoce a la Justicia Indígena Originaria Campesina como un sistema con igual jerarquía que la justicia ordinaria, autoridades y líderes indígenas denuncian que este derecho continúa siendo vulnerado por fiscales, jueces y policías. La igualdad jurídica existe en la norma, pero no en la realidad cotidiana.



