“Se ha dado permiso de desmonte a quien pide y sin cumplir lo que dice la ley”. Esa es la afirmación de Gonzalo Colque, investigador de la Fundación TIERRA, autor del documento Deforestación 2016-20121. El pragmatismo irresponsable de la “Agenda Patriótica 2025”, que fue elaborado con apoyo de Welthungerhilfe (WHH) y que fue presentado en La Paz el martes 28 de junio.
El estudio analiza la deforestación y la degradación forestal de Bolivia, prestando mayor atención a los desmontes de los años recientes, sus características, causas y consecuencias, que coinciden con la implementación de la Agenda Patriótica 2025, inaugurada con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) del año 2016. Según Colque, prácticamente cualquier persona podría pedir y obtener permisos de desmonte, argumentando que tiene derechos propietarios sobre la tierra con la sola presentación de un documento privado.
“Nos estamos metiendo en un lio y vamos a ver las consecuencias de aquí a cinco años, porque todo desmonte se lo hace con autorización de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) ¿Por qué se hace todo esto? Principalmente porque las líneas, las grandes directrices que están por detrás de las autorizaciones de los permisos y de los perdonazos son dos: ampliar la frontera agropecuaria y duplicar el ganado vacuno para exportar carne a China. Por eso la dirección de la ABT recibió el mandato político de otorgar permisos a todos. Se le da el permiso de desmonte sin exigir el título agrario”; manifestó Colque.
“El Instituto Nacional de Reforma Agracia (INRA) también recibió el mandato, la mayor parte de estas tierras deforestadas han recibido títulos en los últimos años. Los bosques, sean fiscales o no, tienen dueño y estos dueños tienen permisos de desmontes”, puntualizó.
El documento presentado establece que la deforestación de los últimos años sigue concentrada en el departamento de Santa Cruz, pero con impactos socioambientales diferenciados y novedosos, debido a que afectan con mayor fuerza a ecosistemas frágiles, áreas protegidas y hábitats indígenas protegidos por ley.
El director de la fundación TIERRA, Juan Pablo Chumacero, destacó que gracias al apoyo de instituciones como Welthungerhilfe, en los últimos años, la institución ha podido concretar una serie de estudios que ayudan a armar una imagen precisa, analítica y crítica de la agroindustria en Bolivia.
“La decisión de abordar estos temas viene de nuestro Plan Estratégico diseñado para los siguientes años en el cual planteamos analizar, trabajar las cuestiones agrarias de tenencia y acceso a la tierra, conjuntamente con lo que está pasando en el extractivismo y sus diversas dimensiones: la explotación de los recursos naturales y el impacto en el cambio climático. Lo que queremos es contribuir al debate local, nacional e incluso internacional con información seria, crítica, oportuna, estratégica sobre diversas dimensiones de estos problemas”, sostuvo Chumacero.
