Un proyecto de ley presentado ante el Senado propone suspender la verificación de la Función Económica Social (FES) y la Función Social (FS) de las tierras por un período de siete años, usando como justificación las sequías y los incendios forestales del 2024. El documento amenaza el espíritu de la Reforma Agraria en el país, que establece que el derecho a la propiedad de la tierra supone asumir una serie de obligaciones, advirtió este martes la Fundación TIERRA.
La iniciativa —que tiene seis artículos y tres disposiciones adicionales— fue presentada el 11 de diciembre de 2024 por las senadoras Centa Lothy Rek López, Neila Velarde Salas, Claudia Elena Égüez Algarañaz y el senador Walter Jesús Justiniano Martínez, a iniciativa de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL) y establece cinco medidas principales.
En primer lugar, plantea una pausa de siete años en la verificación de la FES y FS durante los procedimientos de saneamiento y reversión de la propiedad agraria. Como segunda medida, exige la elaboración de un mapa de identificación de áreas afectadas por sequía e incendios en un plazo de 30 días.
El proyecto también propone modificar el procedimiento de verificación en tierras ganaderas, reemplazando el conteo físico de ganado por la revisión de los dos últimos registros del Registro Único Nacional de Sanidad Agropecuaria. Además, busca derogar el Decreto Supremo 5203, que actualmente establece multas entre 190 y 976 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) por hectárea para infractores que provocan incendios forestales.
La quinta medida contempla la derogación de la disposición final primera del Decreto Supremo 5225, que actualmente establece que las quemas ilegales y los incendios son contrarios al uso sustentable de la tierra y no constituyen cumplimiento de la FS ni de la FES.
Los proponentes justifican estas medidas argumentando una situación de excepcionalidad debido a la "extrema sequía e incendios" ocurridas en 2024, respaldándose en la declaratoria de Emergencia Nacional, aprobada por el Decreto Supremo 5235 del 30 de septiembre de 2024.
Ante esta situación, la Fundación TIERRA denunció que esta propuesta legislativa busca beneficiar indebidamente a grandes propietarios de tierras que no cumplen con sus obligaciones legales. La organización señala que, lejos de ser una medida excepcional por la crisis ambiental, representa una estrategia de largo plazo para evadir regulaciones que han sido sistemáticamente resistidas por el sector ganadero y agropecuario.
Tras un análisis jurídico del documento, la institución concluyó que el proyecto no solo busca pausar las verificaciones de uso de tierra, sino que además intenta eliminar las sanciones económicas establecidas para quienes provocan incendios forestales.
De particular preocupación resulta que la iniciativa pretende desvincular las quemas ilegales del incumplimiento de la función social y económica de la tierra. Esto significaría, en la práctica, que los propietarios que causan incendios en sus predios no serían sancionados, lo que podría interpretarse como un incentivo para la expansión de la frontera agrícola y ganadera a expensas de los bosques bolivianos.
El proyecto de ley también beneficiaría a comunidades campesinas e interculturales asentadas en tierras fiscales que no cumplen con la Función Social, sectores que fueron cuestionados por su papel en la deforestación y los incendios ilegales.
Por ello, la Fundación TIERRA pide a la Asamblea Legislativa Plurinacional la inmediata suspensión del tratamiento de este proyecto de ley que, según advierte, solo serviría para legitimar la destrucción de los bosques bolivianos. También urgió a que las autoridades transparenten los procesos sancionatorios en curso sobre quemas e incendios, así como revelar los resultados de las investigaciones para identificar a los responsables de las quemas de la pasada gestión.
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