Cuando Yashir Salvatierra tenía siete años, su familia ya peleaba por su territorio. Un recuerdo imborrable le hizo concsiente de su entonces realidad. "Querían sacarnos del centro castañero. Nos hicieron correr con armas, tenía siete años", relata. Esa es solo una de las tantas historias que tienen en la mente los habitantes de la Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios (CITRMD), quienes luego de 24 años de lucha, finalmente recibieron, este 20 de agosto, oficialmente, los documentos de la titulación colectiva de su territorio por una superficie de 272.379 hectáreas, con lo que se asegura la continuidad de su forma de vida y sus derechos ancestrales.
El título de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) beneficia directamente a más de 208 familias, es decir, a cerca de 900 personas que, a partir de ahora, cuentan con seguridad jurídica sobre el espacio donde desarrollan sus actividades de caza, pesca, agricultura y recolección.
"Han sido muchos años de resistencia. Incluso hay personas que ya no están con nosotros, pero que también han peleado para que se reconozca nuestro derecho. Todos tuvimos la fuerza para lograr nuestro propósito y demostrar que somos legítimos propietarios de este territorio, en beneficio, principalmente, de la juventud que está en pie. A ellos les estamos dejando algo consolidado. Ahora el reto es protegerlo", destacó Roland Mejía, presidente de la CITRMD, durante un evento que se realizó en la comunidad Las Mercedes.
El territorio Tacana II está ubicado en el municipio de Ixiamas de la provincia Abel Iturralde, en el norte de La Paz, en la región del río Madre de Dios. Limita al oeste con el Parque Nacional Madidi; al norte-oeste con la Reserva Natural de Vida Silvestre Manuripi, y colinda con el vecino país de Perú. Su ubicación lo convierte en un corredor ecológico para fauna amazónica y modos de vida de caza, pesca, recolección y agricultura tradicional. La organización tiene cuatro comunidades: Puerto Pérez, Las Mercedes, Toromonas y El Tigre.
Este territorio indígena está en el departamento de La Paz, pero solo se puede llegar a él por el río Madre de Dios, al que a su vez solo se puede acceder desde Cobija, Pando, en un viaje que demora unas cinco horas por una carretera de tierra hasta la comunidad de Chivé. Desde allí, se continúa en bote media hora por el río para llegar a Puerto Pérez.
A la comunidad Las Mercedes se llega de dos maneras: en moto, unos 20 minutos desde Puerto Pérez por senderos en medio del bosque, o en bote desde Chivé, desviándose por el arroyo Asunta. Para llegar a El Tigre y Toromonas el trayecto es más largo: entre ocho y diez horas de navegación por el río Madre de Dios. El Tigre está sobre un afluente y para llegar a Toromonas hay que desviarse por el arroyo del mismo nombre.
"Hubo un momento en que pensamos que el título no llegaría, pero ahora es una realidad y lo que viene adelante es sobre todo defender el territorio de tantas amenazas que hay. Nuestra organización ha tenido mucho que ver con este avance, porque organizaron asambleas, reuniones para hablar del tema y continuar la pelea. Es una organización sólida", destacó por su lado, Yashir Salvatierra, ahora convertido en el principal dirigente de la comunidad de Puerto Pérez.
La extensión total demandada en 2001 estaba sobre las 368.583 hectáreas. En 2021, el gobierno, mediante la resolución administrativa INRA RA-ST N° 0026/2021, reconoció 272.379 hectáreas. Sin embargo, el trámite para culminar con la emisión del certificado oficial nuevamente se estancaría cuatro años más, por la suposición de la existencia de pueblos no contactados en la región.
La determinación tacana
Tacana II guarda una historia que refleja la fuerza de sus habitantes, allí, donde el río Madre de Dios y los bosques parecen interminables. Son más de 208 familias, alrededor de 900 personas, que aprendieron de sus abuelos a vivir en equilibrio con el monte: a sembrar sin arrasarlo, a cazar con respeto, a tomar lo justo de sus aguas.
Su historia también está marcada por la herida del despojo. Durante el auge del caucho, fueron arrancados de sus chacos y obligados a trabajar en barracas gomeras, sometidos a un régimen que rozaba la esclavitud. Décadas más tarde, la extracción maderera repitió la historia: concesiones forestales que se adueñaron de los árboles y de la gente. La castaña, fruto emblemático de la Amazonía, tampoco estuvo libre de abusos, pues recolectaban bajo condiciones laborales injustas, cargando sobre sus hombros un peso que no se traducía en bienestar para sus comunidades.
En los años 80, la Central Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano (CIDOB) abrió el camino para que los indígenas reclamaran el derecho a sus territorios. Inspirados por esa lucha, en el 2001 las comunidades de Puerto Pérez, Las Mercedes, Toromonas y El Tigre presentaron formalmente su demanda territorial. La batalla no fue sencilla: debieron enfrentarse a los dueños de las barracas, a quienes finalmente lograron expulsar de sus tierras tras años de resistencia.
"Nosotros siempre vivimos aquí. Teníamos derechos y hemos luchado para que esta tierra sea nuestra. Cada uno de nuestros hijos ha visto desde distintos tiempos todo lo que hemos tenido que pasar para defender lo nuestro", recuerda Rolando Salvatierra, exdirigente de la CITRMD. Las vivencias que ha tenido de vida en el territorio, en su boca, se convierten en historias que parecieran haber sido sacadas de un libro de aventuras.
El trámite fue largo, a veces desesperante. Entre el 2001 y el 2021, el proceso avanzó a cuentagotas. Sin embargo, cada documento, cada viaje a La Paz, cada reunión comunitaria, mantuvo viva la certeza de no renunciar a su territorio.
Edgar García, el primer presidente de la CITRMD, recordó todo el trabajo que costó cumplir con los requisitos que se pedían para la titulación. “Gracias a Dios hemos conseguido apoyo para nuestros trámites y tantas otras cosas que encaminamos. Pero la verdad que no nos podían atender por el tema de la titulación (…). Entonces, presentamos los informes del INRA y decían que no se podía porque no estaba seguro en los territorios. fueron muchos obstáculos”, recordó.
Mientras tanto, la vida cotidiana de las comunidades refleja las dificultades de habitar en estas tierras aún sin servicios básicos. Ninguna de las cuatro comunidades cuenta con electricidad instalada y dependen de generadores que funcionan a gasolina. Su transporte en barcazas también depende de este combustible, que actualmente los indígenas consiguen a precios que superan los 20 bolivianos cada litro.
"Todos los comunarios siempre esperamos la titulación. Ha habido mucha lucha de por medio, hemos salido en marcha hasta La Paz. Defendemos nuestra tierra porque en ella vivimos, de ella nos alimentamos. También nos han apoyado diversas organizaciones, pues gracias a ellas pudimos hacer las gestiones para realizar este trámite. Sabemos que tenemos mucho por delante, pero estamos preparados para defender nuestro territorio", afirmó Tania Rosales, de la comunidad Toromonas.
Tampoco tienen acceso a agua potable, sin embargo, aprendieron a armonizar el uso del recurso que les llega a través de las vertientes, que cuidan y utilizan con moderación. Una gran mayoría también tiene instalados servicios sanitarios ecológicos. Respecto a los residuos, también aprendieron a gestionarlos y en su mayoría se recicla.
Y mientras ellos armonizaron su vida con la naturaleza, en el camino por su titulación, se enfrentaron a la oposición de madereros, empresarios, castañeros y, más recientemente a la amenaza de la minería ilegal. Pese a las adversidades, las autoridades indígenas mantuvieron una posición firme, respaldadas por el apoyo inquebrantable de las familias y organizaciones aliadas, entre ellas, la Fundación TIERRA, que jugó un papel estratégico durante estos últimos años.
Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la colaboración del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), se superaron los últimos obstáculos. La partida de reconocimiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fue emitida en febrero. Sin embargo, al documento le faltaba la firma del presidente Luis Arce.
El 11 de julio de 2025 por fin se hizo entrega del tan anhelado título de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana II, con el que culminaron más de dos décadas de resistencia y reivindicando el derecho histórico del pueblo Tacana sobre su territorio. Por temas de socialización previa, no fue hasta este 20 de agosto, que se hizo pública la información de titulación.
Mario Paniagua, técnico de la Fundación TIERRA, explicó que el MICI es una instancia del Banco Interamericano del BID que fue creada por presión de la sociedad civil, para que reciba aquellas quejas o malestares que hayan ocasionado o estén ocasionando sus proyectos, con la finalidad principal de crear procesos de diálogo, en este caso, entre el gobierno y los afectados. En todo el proceso, también se contó con el apoyo del Bank Information Center (BIC), con una amplia trayectoria en el apoyo a personas afectadas por instituciones financieras, desempeñó un papel fundamental. Su participación fue clave desde la presentación de la queja ante el MICI y durante todo el proceso, hasta la obtención del título de la TCO Tacana II.
"Esta queja fue admitida en 2024 y a partir del mes de marzo de ese año comenzaron las mesas de diálogo. Entonces, ahora estamos a 2025, pues, básicamente, es una forma en la que todo se arregla de forma amistosa, porque tienen que dialogar y por eso, ya entregaron el título", explicó.
La CITRMD, a través de su participación en distintas instancias, supo sostener esa lucha en dos frentes: contra las presiones externas y hacia adentro, consolidando su Plan de Vida y aprobando en 2023 un Protocolo de Consulta y Consentimiento que establece sus propias reglas para relacionarse con terceros. En un contexto donde las carreteras, concesiones y proyectos extractivos amenazan a la Amazonía, este instrumento se volvió un escudo para defender el derecho de decidir sobre lo que sucede en sus tierras.
"Estamos mejor que años anteriores. Tenemos lo que tanto hemos anhelado. Ya lo hemos logrado. Las mujeres, en todo este proceso, han estado acompañando la lucha. Ahora tenemos el reconocimiento sobre nuestro territorio y lo vamos a transmitir a las nuevas generaciones", sostuvo Silvia Aguirre, de la comunidad El Tigre.
Hoy, más de veinte años después de iniciar la demanda, el pueblo Tacana II celebra un hito histórico: la consolidación jurídica de su territorio ancestral. No es solo un papel con un número de hectáreas; es la garantía de que sus hijas e hijos podrán seguir pescando en los ríos, caminando por los senderos del monte y recolectando castaña bajo sus propias condiciones, sin patrones ni concesionarios imponiendo reglas.
"Esta lucha ha trascendido varios gobiernos. Es un hito en beneficio de la juventud que ahora está llegando. Para nosotros nuestro territorio es nuestra vida. Tenemos diversidad de fauna y bosques casi intacta y así queremos mantenerlo para todas las familias de nuestras comunidades", finalizó Mejía.