A propósito de la destitución del ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) Edwin Characayo, descubierto cobrando un soborno de 20 mil dólares para titular el predio “El Triunfo II”, informamos a la opinión pública sobre los siguientes antecedentes:
- El tráfico de tierras se intensificó desde el año 2011. El consorcio llamado “INRA paralelo”, conformado por exfuncionarios y funcionarios públicos, se dedicó a falsificar expedientes agrarios y “blanquear” antecedentes jurídicos para entregar tierras de los bolivianos (tierras fiscales) al mejor postor. En lugar de encarcelar a este grupo delincuencial, los denunciantes, entre ellos Juan Carlos Rojas y Alejandro Almaraz, fueron alejados de sus cargos públicos.
- El INRA, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, entre las gestiones 2014-2019, firmó más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en Santa Cruz. Pero, en lugar de transparentar este proceso, el INRA ocultó sistemáticamente toda información sobre quiénes son los beneficiarios, dónde están estas tierras y qué extensiones tienen. En los hechos, muchas son “comunidades fantasmas” en manos de traficantes que se hacen llamar dirigentes campesinos, indígenas o interculturales.
- El gobierno de Jeanine Áñez, entregó más de 34 mil hectáreas a la familia de su ministro de economía, Branko Marinkovic, en un proceso agrario llevado a cabo en tiempo record, vulnerando el debido proceso técnico y jurídico. Sobre este caso, Fundación TIERRA entregó información documentada al gobierno de Luis Arce y a los parlamentarios oficialistas y opositores. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades mantienen una actitud pasiva al respecto, incumpliendo así sus funciones de hacer cumplir la ley.
El tráfico de tierras es uno de los peores fenómenos de corrupción en Bolivia. Por eso, entre las medidas que deben tomarse de forma urgente y de fondo, están:
- Intervención inmediata del INRA para iniciar una auditoría de alto nivel de todos los casos con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz.
- Proceder al desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales en todos los casos donde existan Resoluciones de Desalojo que obligan a las autoridades del gobierno nacional a usar incluso la fuerza pública para proteger las tierras que pertenecen a todos los bolivianos.
- Paralizar todos los trámites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente las grandes propiedades que superan el límite constitucional de 5 mil hectáreas.
- Hacer un llamado público a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo para que nombren un Director Nacional Titular del INRA, en cumplimiento de la ley de tierras que señala que el Presidente debe nombrar al Director a partir de una terna de postulantes seleccionados por la Cámara de Diputados (Ley 3545, artículo 20)
¡Tierra para quien la trabaja, cárcel para los traficantes de tierras!
La Paz, 15 de abril de 2021
