La Cámara de Diputados sancionó el Proyecto de Ley N.º 157/2023-2024 de reconversión de la propiedad agraria, en medio de cuestionamientos por la falta de socialización y debate. La Fundación TIERRA expresó su preocupación por que la norma fue aprobada sin escuchar a organizaciones sociales representativas y alertó que, lejos de beneficiar a la mayoría de pequeños productores, podría favorecer a un grupo reducido y generar riesgos para la convivencia en comunidades campesinas e indígenas.
“Nos preocupa de sobremanera que un proyecto de ley que puede afectar directamente a comunidades indígena campesinas se apruebe sin escuchar las voces de las organizaciones sociales que las representan”, manifestó Juan Pablo Chumacero, director de TIERRA. También advirtió que, aunque esta iniciativa fue presentada como una medida para impulsar el desarrollo de pequeños propietarios, su alcance real beneficiará a un grupo reducido, además de generar riesgos para la convivencia social en comunidades del valle y el altiplano.
El tratamiento de la normativa fue impulsado por las bancadas de Santa Cruz y Beni. En tanto, quienes se opusieron a la aprobación cuestionaron, principalmente, la falta de socialización de la normativa con los diversos sectores involucrados. En su alocución, la Diputada Helen Patricia Patiño del Partido Demócrata Cristiano, también del PDC, reprodujo dos audios. Uno de la dirigente Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), en la que señalaba que su desconocimiento del tratamiento. “A espaldas de las naciones indígenas no se puede tratar este proyecto de ley”, sostuvo.
El segundo audio fue del presidente de la Confederación de pueblos Indígenas Del Oriente Boliviano (CIDOB), Lino Illimuni, quien expresó su preocupación por la falta de socialización. “No puede ser que una vez más se estén trabajando leyes y normativas a espaldas del pueblo boliviano y de los pueblos indígenas. Hay leyes más importantes que pueden beneficiar el desarrollo de nuestros pueblos como la Ley Integral de la Amazonía que está en la Asamblea más de 15 años. Pero cuando hay grandes intereses, cualquier momento aceleran la aprobación de ciertas normativas”, cuestionó. El dirigente anticipó que analizará el tema para tomar alguna determinación.
Pese a los cuestionamientos, el pleno definió la aprobacion de la norma, tomando en cuenta las modificaciones que hizo anteriormente la Cámara de Senadores. Tras el acto, la parlamentaria, Sandra Surco, de Alianza Popular, pidió que se señale en actas que su bancada no aprobó esta ley, como “descargo con las personas que representamos”.
De acuerdo con el análisis de Fundación TIERRA, el argumento central del proyecto —facilitar el acceso a crédito para pequeños productores mediante la posibilidad de hipotecar sus tierras— no se sostiene en la práctica. El 74% de las pequeñas propiedades en Bolivia son minifundios de menos de dos hectáreas, cuyo valor no resulta atractivo para el sistema financiero como garantía. Esto, en los hechos, dejaría fuera a la mayoría de los pequeños productores que supuestamente serían los beneficiarios.
TIERRA advirtió que la ley favorece principalmente a productores agroindustriales de tierras bajas y a propietarios que, durante el proceso de saneamiento, habrían registrado sus predios como “pequeñas propiedades” para evitar controles estatales. Con la nueva normativa, estos sectores podrían convertir rápidamente sus tierras en medianas propiedades, accediendo a mayores márgenes de operación y financiamiento.
Las modificaciones introducidas por el Senado refuerzan estas preocupaciones. Entre los cambios más observados está la sustitución de justificativos técnicos por una simple declaración jurada, la reducción del rol de verificación estatal del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la aprobación del trámite en un plazo máximo de 10 días. Además, se establece una postergación de hasta 10 años en la verificación de la Función Económico-Social (FES), un principio constitucional destinado a evitar el uso especulativo o improductivo de la tierra.
Para TIERRA, esta flexibilización no solo debilita la institucionalidad agraria, sino que podría abrir la puerta a conflictos por la tierra, procesos de regularización cuestionables y una mayor presión sobre los recursos naturales. La suspensión temporal de la FES, advierte, también podría incentivar prácticas como la deforestación o el uso extractivo sin control.
Desde el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) se cuestionó la constitucionalidad del Proyecto de Ley 157, señalando que, bajo el argumento de “modernización”, la norma promueve una mayor mercantilización de la tierra y reduce los mecanismos de control social sobre este recurso. La institución advirtió que la suspensión de la verificación de la Función Económico-Social (FES) por un periodo de hasta 10 años podría favorecer procesos de especulación y la consolidación de formas de latifundio encubierto. En ese sentido, CEJIS instó a detener el tratamiento de la norma, abrir un debate nacional amplio y transparente, y garantizar el respeto a la Constitución, así como a la pequeña propiedad campesina e indígena.
Entre las instituciones que observaron el PL 157 también está la Defensoría del Pueblo, que exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a realizar una deliberación amplia, responsable y técnicamente fundamentada del proyecto debido al impacto jurídico, económico y social que podría generar en el régimen agrario del país.
Similares posiciones asumieron diversas organizaciones defensoras del medio ambiente como la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), la Asamblea por los Bosques y la Vida Bolivia, Bolivia Libre de Transgénicos, La Paz Vegan, Somos Sur, Movimiento Agroecológico, Defensores de Tariquía, Sociedad Boliviana de Entomología, Colectivo Árbol y EcoTarija, entre otras.
