Después de dos décadas de vigencia de la Ley INRA (promulgada en 1996), los avances de saneamiento y titulación de tierras han sido informados en términos  cuantitativos pero no se conoce si tales datos reflejan los objetivos de transformación de la desigual estructura agraria de Bolivia. Esta es una de las afirmaciones contenidas en la investigación “Segunda Reforma Agraria: una historia que incomoda”, que la Fundación TIERRA presentará este 27 de enero en el Paraninfo de la UMSA, a las 18:30.

Las organizaciones sociales reunidas en el Segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante los días 7, 8 y 9 de julio de 2015, coincidimos con el Papa Francisco en que la problemática social y ambiental emergen como dos caras de la misma moneda. Un sistema que no puede brindar tierra, techo y trabajo para todos, que socava la paz entre las personas y amenaza la propia subsistencia de la Madre Tierra, no puede seguir rigiendo el destino del planeta.

Defender la Tierra y la soberanía alimentaria

Promovemos la reforma agraria integral para distribuir la tierra de manera justa y equitativa. Llamamos la atención de los pueblos sobre el surgimiento de nuevas formas de acumulación y especulación de la tierra y el territorio como mercancía, vinculadas al agro-negocio, que promueve el monocultivo destruyendo la biodiversidad, consumiendo y contaminando el agua, desplazando poblaciones campesinas y utilizando agro-tóxicos que contaminan los alimentos.

Reafirmamos nuestra lucha por la eliminación definitiva del hambre, la defensa de la soberanía alimentaria y la producción de alimentos sanos. Asimismo rechazamos enfáticamente la propiedad privada de semillas por grandes grupos agroindustriales, así como la introducción de productos transgénicos en sustitución de los nativos, debido a que destruyen la reproducción de la vida y la biodiversidad, crean dependencia alimentaria y causan efectos irreversibles sobre la salud humana y el medio ambiente. De igual manera, reafirmamos la defensa de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sobre la agricultura sustentable.

Las mujeres campesinas de La Paz revindicaron su aporte a la soberanía alimentaria y demandaron al gobierno que priorice la conclusión del saneamiento de tierras, la identificación de tierras fiscales en las zonas bajas del departamento para acceder a ellas a través de la dotación, además de la urgente aplicación de la ley de Década del riego para incrementar su producción de alimentos.

Los pueblos del mundo reunidos en Tiquipaya, Bolivia del 10 al 12 de octubre de 2015, trabajaron en una propuesta consensuada para ser presentada a la comunidad internacional y a los gobiernos del mundo para preservar la vida y contra el cambio climático; como una respuesta urgente a un fallido sistema capitalista y modelo civilizatorio que son la causa estructural de la crisis climática en el mundo.

Esta declaración reúne el pensamiento y sentimiento, y es una propuesta para las negociaciones internacionales de las Conferencias de Partes de Naciones Unidas sobre cambio climático, medio ambiente, desarrollo sostenible y otros escenarios relevantes, así como para la agenda permanente de los pueblos para la defensa de la vida.

El saneamiento de tierras en Bolivia no anuló la gran propiedad agraria ni redujo "los efectos negativos del minifundio que afectan a la mayoría de los pobladores rurales", afirma el investigador Juan Pablo Chumacero tras analizar los avances de este proceso iniciado en 1996. En ese contexto, el especialista explica que "...el sentido político de una segunda reforma agraria sólo se ha dado parcialmente, gracias a la titulación de las TCO" (Tierras Comunitarias de Origen).

Que el hichi tuúrsch (dueño del agua) pueda más que las máquinas.

Que el hichi iúrsch (dueño de la selva) pueda más que la ambición.

El equilibrio encontrado por los indígenas de San Antonio de Lomerío –Santa Cruz– entre sus necesidades económicas y la sostenibilidad ambiental, está amenazado por la ampliación de la frontera agrícola y las actividades mineras que tienen lugar en los municipios vecinos de Cuatro Cañadas, San Ramón, Concepción y San José de Chiquitos, de acuerdo con un estudio sobre Gobernanza de los Recursos Naturales en Lomerío.

En la investigación se explica que la presión sobre el territorio indígena del municipio de Lomerío se origina principalmente en la ampliación de la frontera agrícola para el cultivo de soya, que avanza desde los municipios de Cuatro Cañadas y San Ramón, vecinos en los límites sur y oeste de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Lomerío. Por el norte, en el municipio de Concepción, amenaza la ampliación de desmontes para convertir los bosques en pastizales para la cría de ganado bovino. La explotación minera avanza en el municipio de San Ramón al oeste de Lomerío y al este en el municipio de San José, “con serios impactos sobre el territorio y el medio ambiente”.

Alcides Vadillo, Simar Muiba y Jorge Salgado, autores del estudio, afirman que el hecho de que Lomerío sea un territorio indígena, con todas las medidas de protección que le otorga la ley, y de haber generado un proceso de gestión territorial indígena en esa jurisdicción territorial, “ha bajado la presencia y los impactos del modelo de desarrollo extractivista prevaleciente en su entorno”. Pese a ello, dicen, la presión cada vez mayor sobre los recursos de la TCO ha “…generado algunas situaciones de conflictos…”.

El mercado quiebra las normas internas

Según la investigación, “…a medida que las relaciones (de los indígenas) con el mercado se hacen más dinámicas, las normas internas (para el acceso y aprovechamiento de los recursos naturales) tienden a relajarse o ser desplazadas poniendo en riesgo los niveles de gobernanza logrados hasta ahora”.

Este proceso se explicaría debido a que las empresas extractivas (madereras, mineras o agroindustriales)…” tienen poder y capital por encima de las necesidades de las comunidades. Según la investigación, los dirigentes de las comunidades “…terminan firmando acuerdos o contratos con las empresas privadas sin la participación de la CICOL (Central Intercomunal Campesina del Oriente de Lomerío), ni de autoridades del Gobierno Municipal”.

Madera 300 por ciento más barata

Como ejemplo de las relaciones desiguales, los investigadores explican que las comunidades de San Simón y Santo Rosario pactaron un precio con las madereras PGMF Sur y la empresa IMPA de Concepción por metro cúbico de madera, “…300 por ciento más bajo en relación con el precio de venta pactado en otros lugares del territorio y con otras empresas, más específicamente en el plan de manejo denominado Punto 10”.

Algo similar sucedió en un contrato de compra – venta de desmonte de minerales: wólfram, estaño, antimonio y otros. El cacique mayor de la comunidad El Pukio Cristo Rey aceptó cinco mil bolivianos por la excavación de un metro de profundidad en el suelo, dentro de la concesión denominada “Los Tusequis” (20 cuadrículas equivalente a 500 hectáreas). Cada carga era sacada del territorio para ser analizada, se presume, en un ilegal proceso de exploración minera. La CICOL y autoridades del municipio intervinieron y lograron detener la extracción de minerales de la comunidad. Ambas instancias explicaron que el concesionario no contaba con la ficha ambiental ni con los permisos estipulados en la legislación boliviana ni el de las autoridades del territorio.