OPINIÓN Y ANÁLISIS

¿Hasta dónde el gobierno está dispuesto a llegar para que la crisis fiscal acabe recayendo sobre la población? En los últimos meses, ha adoptado varias medidas silenciosas, no solo pateando la deuda externa hacia adelante, sino también desentendiéndose de sus propias obligaciones financieras con los bolivianos.

La abrogación de la Ley 1720 de conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad, ocurrida el 13 de mayo de 2026, constituye uno de los episodios políticos y agrarios más significativos de los últimos años en Bolivia. No solamente por la rapidez con la que una norma fue aprobada y posteriormente anulada —apenas 33 días después de su promulgación— sino porque el conflicto evidenció, una vez más, las profundas tensiones que atraviesan la estructura agraria boliviana y la fragilidad de los equilibrios políticos construidos alrededor de ella.

Ante la aprobación, en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley de abrogación de la ley 1720 sobre la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria en mediana, el senador Branko Marinkovic, principal promotor de la ley 1720, propone modificarla de tal manera que sean las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD) las instancias que definan si dicha norma se aplica en cada departamento. Según el legislador nacional, condicionar la aplicación de la ley a la decisión de las CAD es una acción democrática y autonómica.

Todo hacía pensar que, por fin, había llegado el momento esperado: la presentación del presupuesto 2026 “reformulado desde cero”. El evento anunciado por el Ministerio de Economía se realizó en un hotel de Calacoto. Pero los asistentes, probablemente salieron igual o más confundidos que quienes siguieron la transmisión en línea.

El 9 de abril de 2026, el presidente del Estado promulgó la Ley Nº 1720, mediante la cual se faculta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a ejecutar la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad. Desde su anuncio, la norma ha suscitado un intenso debate público, generando posturas encontradas entre organizaciones campesinas, sectores productivos y analistas. Mientras algunos la consideran una oportunidad para acceder a créditos y dinamizar la producción, otros advierten que sus implicaciones podrían afectar la seguridad de la familia campesina, la organización comunitaria y el equilibrio ambiental.

El presidente Rodrigo Paz no solo tiene la facultad, sino la responsabilidad constitucional de examinar con lupa cada ley antes de su promulgación. Cuando el contenido de una norma vulnera principios fundamentales o abre la puerta a la legalización de ilícitos, su deber no es firmar, sino observarla y devolver al Legislativo con fundamentos que resguarden el Estado de derecho y el interés nacional por encima de cualquier presión circunstancial o sectorial.

Uno de los grandes retos que enfrentan los alcaldes electos es frenar el crecimiento del gasto corriente. No se trata de un dato contable cualquiera, sino de un síntoma preocupante: los municipios han ido perdiendo musculatura para invertir en obras y, en cambio, están ganando grasa que termina atrofiando el funcionamiento de la burocracia municipal.

La propuesta del 50/50 ha repuesto la descentralización fiscal en el centro del debate político. Lleva el sello de su inventor, Rodrigo Paz, quien la presentó como una solución clara e intuitiva a un problema estructural del país. En el actual contexto electoral, el tema incluso está marcando la agenda y orientando las promesas de los aspirantes a alcaldes y gobernadores. Sin embargo, un examen algo juicioso, muestra que estamos ante una ilusión política que promete demasiado y, al mismo tiempo, desvía el debate de asuntos que realmente importan.