Esa notablemente acelerada expansión de la frontera agrícola serviría para producir 45 millones de toneladas de alimentos de los cuales se exportaría una mitad y la otra mitad sería destinada al consumo interno (IBCE Comercio Exterior N 214). Este anuncio fue difundido con entusiasmo por la mayoría de los medios del país, inclusive de la región andina occidental. Este pacto sería como la antesala de una segunda marcha al Oriente, el Chaco y la Amazonía y se crearían muchos empleos y alimentos que ayudarían a la construcción de nuestra seguridad con soberanía alimentaria. Para lograr esa ambiciosa meta, los agro empresarios se comprometían a invertir sumas jamás registradas en nuestra historia contemporánea: 3 mil millones de dólares cada año. Claro que también exigían del Estado mayúsculas inversiones en energía, transporte, subsidio al diesel, exensiones tributarias, además de continuar generalizando el uso de semillas transgénicas.
Pero el principal reclamo del empresariado agropecuario era la creación de lo que ellos llaman “un adecuado clima de negocios”, particularmente la seguridad jurídica plena sobre la tierra y sus inversiones, entendida como el respeto a la aplicación del artículo 315 de la CPE que legaliza el latifundio asociativo, la postergación de la verificación de la FES a cinco años, una ley contra el avasallamiento de tierras y el “perdonazo” por el desmonte ilegal, aspectos recientemente normados por el Poder Ejecutivo. En retribución, y por primera vez en su largo mandato el presidente fue invitado a las festividades departamentales de septiembre pero especialmente a la inauguración de la paradigmática feria exposición de Santa Cruz. A estas alturas seguramente el gobierno diría que está cumpliendo su parte del pacto y que ahora les toca a los empresarios invertir. Pero hay un pequeño detalle, los empresarios nacionales ni soñando tienen tanta plata, por lo menos no tres mil millones de dólares cada año durante más de diez años. Que harán? Intentarán prestarse de bancos y financieras, pero su actividad y trayectoria los ha convertido en clientes de riesgo y probablemente no les prestarán, a no ser que la banca logre traspasar este riesgo al Estado. Hay otra opción que es mucho más realista y posible y que seguramente ya ha comenzado a operar. Como el mundo está hambriento de commodities agropecuarias –particularmente de soya para alimentar ganado y producir agrocombustibles para el planeta- hay grandes sumas de capitales también hambrientos para ampliar este negocio en América Latina y específicamente en Bolivia, que es el espacio donde hay todavía “mucho monte por tumbar y mucha frontera agrícola que expandir”. Así la presencia de Monsanto, Cargil, Dreifus, Sygenta, Maggi, se expandirá tan rápido como nuestros bosques, territorios y pueblos indígenas desaparecerán.
Mientras tanto, es estruendoso el silencio de las organizaciones sociales de indígenas, campesinos y colonizadores. No nos llama la atención que la oposición política prácticamente ignore este tema. Extraña mucho que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras no den a conocer cuáles son las políticas públicas que ayudarán a concretar las ideas centrales de este pacto celebrado al más alto nivel de gobierno.
* Investigador de TIERRA
