Representantes territoriales de cinco países, congregados en el Encuentro Regional de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio hicieron un llamado urgente a detener el avance del extractivismo, la criminalización y el despojo territorial que amenazan la vida y la soberanía de los pueblos indígenas en América Latina.
En una carta abierta dirigida a autoridades, gobiernos, organismos internacionales, academia y sociedad civil, los defensores y defensoras territoriales presentaron nueve demandas que sintetizan tanto las amenazas que enfrentan como las alternativas que proponen desde sus territorios para detener estos excesos.
Los participantes enfatizaron que defienden el territorio como "un espacio integral que incluye el mar, los espacios costeros y marinos, y que guarda sentimientos, recuerdos, memoria y cultura de los distintos pueblos indígenas y regiones de América Latina". En esos territorios, señalaron, florecen economías locales sostenibles, saberes ancestrales y relaciones espirituales que permiten el cuidado de ríos, bosques, montañas, flora y fauna.
Sin embargo, enfrentan graves amenazas: deforestación, incendios, avasallamientos, presencia del crimen organizado, empresas extractivas petroleras y mineras, contaminación por mercurio y pérdida acelerada de biodiversidad y de culturas e idiomas originarios. Esta realidad se agrava, según la carta, por la falta de políticas públicas efectivas, la burocracia estatal y la ausencia de apoyo a iniciativas comunitarias.
El Encuentro regional de defensores y defensoras indígenas de la tierra y el territorio es un evento que fue organizado por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra de América Latina y el Caribe (ILC-LAC), la Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio, y la Plataforma de Pueblos Indígenas de la ILC, con el acompañamiento de The Invisible Thread (TINTA), el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), la Fundación TIERRA y la Alianza por el Ambiente y el Territorio. El evento fue financiado por la ILC-LAC, Pan Para el Mundo, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Bolivia, la Unión Europea, y Oxfam.
Nueve demandas centrales
Un elemento transversal en la carta fue la crítica tanto a gobiernos de izquierda como de derecha. Los defensores señalaron que sus gobiernos, independientemente del signo político, "han respaldado la expansión de la minería, la agroindustria y otras formas de extractivismo que amenazan la vida".
Las nueve demandas centrales presentadas rechazan y repudian, en primer lugar, las políticas de persecución, criminalización, judicialización y discriminación hacia los pueblos indígenas en Latinoamérica. Los participantes exigieron que el Estado cese su complicidad con empresas extractivistas transnacionales, responsables de destruir tierras y violar derechos colectivos, y que garantice la protección de personas defensoras.
En segundo lugar, denunciaron que las respuestas gubernamentales a sus legítimas reivindicaciones han sido promover la división de organizaciones, la persecución y criminalización de dirigentes y líderes. Esta división comunitaria, señalaron, es una estrategia sistemática para debilitar sus luchas territoriales.
La tercera demanda se centra en la corrupción y falta de coordinación entre instituciones del Estado, que obstaculizan la aplicación de la justicia indígena y criminalizan a autoridades comunitarias. Por ello, exigieron representación indígena efectiva en instancias judiciales nacionales y mecanismos de protección para defensores territoriales.
La cuarta demanda plantea que la justicia indígena debe ser reconocida y respetada como pilar de la protección territorial, con coordinación y respeto entre los sistemas jurídicos nacionales e indígenas.
En quinto lugar, reafirmaron la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración Universal de la ONU y la Declaración Americana sobre derechos de los Pueblos Indígenas, así como los derechos reconocidos por las Constituciones de cada país. Enfatizaron que estos derechos "han sido conquistados por nuestros pueblos con sangre, resistencia y movilización, no por concesión de los gobiernos".
La sexta demanda exige ser reconocidos como autoridades legítimas de sus territorios en espacios de toma de decisiones nacionales e internacionales. Demandaron que sus voces sean escuchadas con igualdad y respeto en la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático y Biodiversidad, el Acuerdo de Escazú, entre otros, recordando que las políticas extractivistas y el cambio climático afectan directamente sus territorios y modos de vida.
En séptimo lugar, reivindicaron sus luchas rechazando convertirse en "zonas de sacrificio" u objeto de la transición energética pensada solo para países "desarrollados". Instaron a debatir un nuevo modelo político y económico basado en el Buen Vivir, en armonía y equilibrio con la naturaleza.
La octava demanda reconoce la fuerza, sabiduría y liderazgo de las mujeres indígenas como eje fundamental de las luchas. Destacaron que las mujeres sostienen la vida, defienden territorios y asumen con valentía la conducción de organizaciones, pese a la discriminación y violencia que enfrentan. Demandaron que su participación política sea fortalecida y garantizada en todos los niveles, desde la comunidad hasta las instancias internacionales.
Finalmente, la novena demanda anuncia que continuarán construyendo alternativas desde sus cosmovisiones y espiritualidades a través de redes, alianzas y procesos organizativos regionales, defendiendo la vida frente a la crisis climática. Llamaron a una articulación continental que vincule también a la sociedad civil no indígena en esta lucha.
Pese al diagnóstico crítico, los participantes reafirmaron como sus fortalezas la solidaridad entre pueblos, el trabajo colectivo, el respeto y cuidado de la naturaleza, los saberes ancestrales y la economía propia basada en la armonía del territorio. Estas prácticas, señalaron, son la base de su autonomía y del equilibrio con la Madre Tierra.
Con esperanza y determinación, afirmaron que "la Tierra sin mal (Ivi Maraei) y el Buen Vivir siguen siendo nuestro horizonte: una vida en armonía con la naturaleza, la justicia y la libertad de los pueblos".