Aunque la Constitución Política del Estado reconoce a la Justicia Indígena Originaria Campesina como un sistema con igual jerarquía que la justicia ordinaria, autoridades y líderes indígenas denuncian que este derecho continúa siendo vulnerado por fiscales, jueces y policías. La igualdad jurídica existe en la norma, pero no en la realidad cotidiana.
En respuesta a esta situación, el pasado 5 de diciembre Fundación TIERRA organizó en Santa Cruz un encuentro de “Buenas Prácticas de la Justicia Indígena Originaria Campesina”, que reunió a autoridades indígenas para debatir sobre coordinación, competencias y retos de implementación.
Durante el encuentro, Hugo Molina, Presidente del Tribunal de Justicia Indígena de la CIDOB mencionó “Tenemos casi todas las leyes, todas las herramientas jurídicas… pero no las aplican”. Su evaluación es directa: el problema no radica en la ausencia de normas, sino en la falta de voluntad institucional para cumplirlas.
Molina recuerda que el marco normativo que respalda la Justicia Indígena Originaria Campesina es amplio e incluye la Constitución Política del Estado, la Ley 073, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, la Ley 450, la Ley 260 y la Ley 025, entre otras. Sin embargo, señala que, aunque estas normas reconocen la autonomía y la autoridad de la justicia indígena, ninguna se aplica plenamente.
Uno de los instrumentos más cuestionados es la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, que, según el dirigente, fue elaborada sin participación indígena. “La Ley 073 no fue hecha por nosotros, fue hecha en cuatro paredes”, denuncia. Según Molina la falta de consulta, derivó en una normativa que “limita y condiciona” el ejercicio de la autoridad indígena, pese a que la Constitución reconoce su autonomía.
A su vez, Adolfo Chávez, dirigente indígena, recuerda un episodio ocurrido en San Miguel de Velasco. Pese a que un delito había sido cometido dentro de un territorio indígena, un fiscal se negó en seis ocasiones a entregar el cuadernillo de investigación. “¿Qué clase de fiscales envían a las provincias sin conocimiento de nuestros derechos?”, cuestionó. Los jueces, añade, tampoco quisieron declinar competencia.
Estos episodios, advierten los dirigentes, no son aislados. En varias provincias, fiscales y jueces actúan como si la jurisdicción ordinaria tuviera supremacía sobre la indígena, a pesar de que la Constitución establece su coexistencia con el mismo rango jerárquico.
Crisis territorial y abandono estatal
Mientras persisten los conflictos jurídicos, numerosas comunidades indígenas enfrentan un panorama aún más grave: el abandono estatal frente a la destrucción de sus territorios, el avance de los avasallamientos y una creciente crisis hídrica.
La comunidad Indígena de Buena Vista perteneciente a la TCO Turubo Este, vivió uno de sus momentos más críticos después de que una empresa privada (Propiedad San Lorenzo), desviara el cauce del río que abastecía a toda la población. Como consecuencia, la comunidad quedó sin agua por cinco a seis meses, provocando pérdidas económicas, daños ambientales severos y un impacto directo en su forma de vida. Sin embargo, ninguna institución estatal acudió al lugar, por un favoritismo.
El cacique de la comunidad Buena Vista, Wilson Hurtado, relata que el desvío dejó al pueblo sin su única fuente de agua para consumo, agricultura y ganado. “Fue una historia muy triste la que vivimos. Nos cortaron el agua, se nos secó nuestro río, que es de donde nos proveemos y nos alimentamos. Tuvimos que buscar, comprar y cargar agua en cisterna para que nuestra gente pueda subsistir”, denuncia.
En San Miguel de Velasco, el conflicto adopta un carácter jurídico. Adriana Tacobo Secretaria de Comunicación de la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel de Velasco (CCISM) señala que el desconocimiento de la justicia indígena deriva en abusos permanentes. “Nos arman los casos y nos satanizan”, afirma. Para ella, la falta de socialización de las normas que garantizan la igualdad jerárquica de la justicia indígena debilita a las comunidades y deja a sus autoridades desprotegidas.
En el TIPNIS, la amenaza proviene del avance de los cultivos de coca y los avasallamientos. Hernán Suárez, cacique saliente del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) advierte que los chaqueos y la deforestación están deteriorando la base ambiental del territorio. “Vienen dañando nuestro sistema y afectando el medioambiente”, señala, alertando que la destrucción forestal también compromete las fuentes de agua que sostienen la vida comunitaria.
En todos estos casos, las comunidades coinciden en un diagnóstico común: sin agua, sin territorio y sin un sistema de justicia respetado, la vida indígena queda en riesgo. Por ello, exigen al Estado que la protección de sus derechos vaya más allá del reconocimiento en papel, y que se traduzca en acciones concretas y oportunas.
Una propuesta urgente: formación obligatoria en derechos indígenas
Frente a este panorama, los líderes indígenas coinciden en que la raíz de muchos conflictos se encuentra en la falta de formación de los operadores de justicia. Chávez plantea una medida clave: “La universidad debe tener en su malla curricular académica el tema de nuestros derechos”. Actualmente ese contenido aparece apenas como investigaciones aisladas o materias optativas sin profundidad.
En la misma dirección, Molina lamenta que la formación universitaria en Derecho ignore por completo la existencia de la justicia indígena originaria campesina. “No se menciona siquiera que existe justicia indígena. Se nos forma solo para la justicia ordinaria”, señaló, insistiendo en la necesidad de reformar las mallas curriculares.
Además, advierte que la falta de información legal afecta con mayor intensidad a pueblos sin acceso constante a medios de comunicación, lo que profundiza la desigualdad.
Para los pueblos indígenas, garantizar la justicia indígena originaria campesina no significa solo hacer cumplir una ley, sino asegurar condiciones básicas para la vida colectiva: agua, territorio y autonomía. Por ello, insisten en que el Estado debe pasar del reconocimiento simbólico a la implementación efectiva, comenzando por una formación obligatoria en derechos indígenas para todos los operadores de justicia. Solo así será posible avanzar hacia una convivencia respetuosa y un verdadero pluralismo jurídico en el país.