"No hemos tardado más de una semana. Ya no estamos en los tiempos aquellos cuando nosotros queremos directamente ir a la justicia ordinaria o justicia agroambiental. O sea, ahora sí ya se está utilizando. Ahora estamos escuchando a nuestras comunidades y valorarando nuestros actos, en nuestras reuniones, en nuestras asambleas”, destaca Antonio Condori Laruta, Secretario General de la Central Agraria de Quiripujo, en el municipio de Pucarani, en el departamento de La Paz.
La autoridad sabe bien que, si este caso se hubiera presentado ante la justicia ordinaria, habría demorado y complicado el proceso, por lo que celebra que haya avance en la aplicación de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC), cuya práctica poco a poco va fortaleciéndose también en otros municipios del área rural de La Paz.
Condori Laruta contó su experiencia tras la conclusión del curso de promotores en JIOC que se impartió a líderes y representantes de los municipios de Taraco, Palca, Pucarani y Mecapaca, quienes al culminar la formación recibieron un certificado, actividad que fue posible gracias a un convenio que se hizo entre el del Centro de Apoyo Educativo Machaca (CAEM), con base en Jesús de Machaca, y la Fundación TIERRA, apoyado con el proyecto Territorios Resilientes de Pan Para el Mundo (PPM).
El representante indígena es el primer promotor de su subcentral en completar esta capacitación. Llegó con un caso resuelto en la mochila y se fue con más herramientas para las siguientes situaciones que se presenten. “Todas las decisiones las hemos respaldado con una resolución y por eso se ha resuelto este caso. Inmediatamente se han devuelto los ganados y tanto los afectados como las bases han quedado conformes”, resalta Condori.
Jorge Loa Mamani, agricultor de Taraco describe, por ejemplo, que los conflictos más recurrentes en su municipio son los de tierras y los de jerarquías dentro de las organizaciones. Comunarios que se invaden entre parcelas, disputas sobre quién manda a quién, son los casos más recurrentes. "A veces, el adulto mayor tiene que ser tratado como mayor y el menor como menor", dice. Esa sola claridad, llevada a una asamblea con acta y resolución, ya es justicia. Taraco, dice, era antes una mesa de tres patas. “Ahora tiene cuatro”.
Freddy Rivero, secretario de Actas de la comunidad Cebollullo de Palca, afirmó que los protocolos que siguen se rigen, principalmente, en sus usos y costumbres. “En mi gestión como Subcentral hemos tenido problemas de límites, hemos tenido problemas entre autoridades y siempre hemos visto la forma de poder sacar siempre a flote sin que salga nadie lastimado. Algunas veces las autoridades se han enfocado más en lo monetario, en las sanciones, pero lo que se busca, principalmente, es hacer prevalecer una justicia verdadera y neutral”, sostuvo.
Para Rocío Acarapi, concejala del municipio de Taraco, el obstáculo más persistente para la aplicación de la justicia originaria no es legal ni institucional, sino conceptual. Ella recuerda que la primera vez que escuchó sobre "justicia comunitaria", pensó inmediatamente en linchamientos. "Yo misma entendí eso", admite. No es la única. En las comunidades del altiplano, en los valles y hasta en el área urbana, la JIOC carga con esa imagen distorsionada que la precede y que, según los propios participantes, es lo que más frena su aplicación, algo que poco a poco está cambiando.
Margarita Mamani, de la comunidad Valencia de Mecapaca, afirma que en su municipio aún no se ha consolidado la aplicación de la JIOC, pero no porque no se reconozca su importancia, sino porque los problemas que se suscitan en su región no son de consideración. Pese a ello, tanto ella, como varios representantes de otros municipios consideran que es importante capacitarse en la temática.
“Si ahora se produjera un problema, yo les guiaría con todo lo que he aprendido. Porque todo tiene su procedimiento. Entonces los dirigentes, las bases, tienen que estar informados”, señaló.
Capacitación certificada
Lo que Freddy, Antonio, Jorge, Rocío y Margarita tienen en común no es el municipio ni menos el cargo: es un certificado. Todos concluyeron una capacitación en Justicia Indígena Originario Campesina, que posible gracias a un sistema de formación itinerante que se formuló desde Fundación TIERRA Regional Altiplano con el acompañamiento del CAEM.
“Es muy importante motivar a los hermanos, porque tenemos un certificado ahora y estamos capacitados. Esperamos que continúen con esta tarea. Veo que las personas están sedientas de capacitaciones y esto es como una bisagra para solucionar problemas. Esperamos que sigan compartiendo el material”, destacó Yhony Quispe del municipio de Copacabana.
Los cursos de capacitación en justicia indígena originaria campesina tienen carga horaria mínima de ocho horas académicas para emitir la certificación, y pueden extenderse hasta cien horas distribuidas en módulos. Los docentes que los imparten fueron expertos invitados por Fundación TIERRA Regional Altiplano. En total se capacitó alrededor de 40 líderes y autoridades de las comunidades de los municipios de Taraco, Pucarani, Palca y Mecapaca, organizados por grupos.
“Queremos agradecer esta capacitación que nos han dado las instituciones porque nos sirve para la vida futura. Ahora si estamos capacitados, pero todavía nos falta. Yo espero que esta no sea la última vez y que se siga haciendo este trabajo”, sostuvo Mario Mamani exsecretario General de la Central Agraria Ñuñumayani, Sector Loma de Mecapaca.
En los cursos, un equipo de especialistas combinó teoría, jurisprudencia y práctica. María Eugenia Quispe, del CAEM, sentó las bases conceptuales de la JIOC; Favio Mayta clarificó sus principios fundamentales; Edwin Díaz explicó su relación con otras jurisdicciones; y Leonardo Villafuerte, de la UCB, aportó casos concretos donde la justicia ordinaria y la indígena originaria campesina se encuentran. El cierre estuvo a cargo de Alberto Quispe, exjefe de la Unidad JIOC del Tribunal Constitucional Plurinacional, quien analizó la jurisprudencia vigente y condujo talleres de simulación de conciliación. “Son herramientas que nos sirven también a los jóvenes. Para mí ha sido muy útil todo lo que hemos aprendido”, resaltó a su turno Reyna Mamani del municipio de San Andrés de Machaca.
Al final del día, lo que quedó en el salón no fue solo un certificado. Fue la certeza, compartida entre agricultores, concejalas y dirigentes, de que la justicia no siempre llega desde afuera. A veces ya estaba ahí, en la asamblea, en el acta, en la palabra de la comunidad. Solo hacía falta aprender a reconocerla.
