La Defensoría del Pueblo y 125 organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la creciente confrontación en Bolivia no solo está agravando el desabastecimiento y la tensión social, sino también debilitando los espacios mínimos de entendimiento entre distintos sectores del país.
En un comunicado conjunto difundido este lunes, las instituciones firmantes expresaron su “profunda preocupación y alarma” por la persistente conflictividad que atraviesa Bolivia y por sus efectos sobre derechos fundamentales como la vida, la integridad física y la seguridad de la población.
El pronunciamiento alerta además sobre la escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno en algunas de las principales ciudades, en un contexto marcado por la escalada de la violencia, la polarización social y la demora en la instalación de un proceso de diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados.
“Convocamos de manera inmediata y urgente a las organizaciones sociales movilizadas, autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a los actores políticos, a instalar un proceso de diálogo estructurado, constructivo, respetuoso y eficaz, el mismo que debe sustentarse en la escucha activa, la comunicación libre de estigmatización y el reconocimiento mutuo. El diálogo debe ser un espacio seguro e inclusivo, donde todas las voces puedan expresarse sin temor a presiones, represalias ni discriminación, garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos y el respeto a la diversidad de opiniones. La ausencia de concertación puede traer consecuencias incalculables para la sociedad, por lo que se requiere la suma de todos los esfuerzos y voluntades para hacerlo realidad”, adviertió el documento.
Para las organizaciones, el problema ya no se limita a la disputa política o sectorial. El comunicado advierte que la confrontación está erosionando la capacidad del país para construir acuerdos mínimos y convivir en medio de las diferencias.
El comunicado también hace un llamado a preservar el trabajo de periodistas, medios de comunicación e instituciones mediadoras, como la Defensoría del Pueblo, las iglesias y organizaciones de derechos humanos, frente a posibles actos de hostigamiento o restricciones que limiten su labor.
Asimismo, recuerda que el Órgano Ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad, el libre tránsito y el acceso a insumos esenciales, mientras exhorta a los sectores movilizados a ejercer el derecho a la protesta bajo estándares de no violencia y respeto a la integridad física de las personas.
“La Defensoría del Pueblo y las organizaciones firmantes reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz a través del diálogo. Cumpliremos con nuestro mandato, de acompañar a la población, denunciar toda vulneración de derechos y promover espacios de encuentro y reconciliación”, destaca el documento.
Entre las 125 organizaciones firmantes —incluida la Fundación TIERRA— figuran colectivos de derechos humanos, organizaciones indígenas, plataformas ciudadanas, fundaciones, redes de periodistas y centros de investigación de distintos departamentos del país.
