Bolivia atraviesa un momento crítico por las sequías. A un mes de concluir el 2022, Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca registran las cifras más bajas de precipitación pluvial de los últimos doce años. La Paz, Cochabamba y Tarija están muy cerca de sus peores años registrados el 2020 en el primer caso y el 2016 en los dos últimos. La probabilidad de que las lluvias de diciembre reviertan esta situación es entre baja a muy baja. Los datos se desprenden de un análisis realizado por la Fundación TIERRA a partir de reportes históricos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Trámites largos para solicitar información, evasivas frente a los cuestionamientos, falta de actualización de datos en las páginas institucionales y rendiciones de cuentas que son superficiales son algunos de los procederes cotidianos con los que tropiezan periodistas y con los que consideran que el Estado normaliza la vulneración del derecho a la información en Bolivia.

Representantes del Gobierno y la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) determinaron la tarde de este lunes anular “los puntos del acta suscrita en fecha 27 de octubre de 2022 entre las autoridades dependientes del Viceministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Director Departamental de Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN) que afectan derechos territoriales, ambientales y humanos de los pueblos indígenas del norte del departamento”.

Este 28 de julio, se agotan los recursos naturales que la tierra puede generar para un año y comienza un período de deuda, conocido como default ambiental. En el caso de Bolivia, el agotamiento se produjo el 5 de julio, según datos de Global Footprint Network (GFN), organización que determina el EarthOvershoot Day o Día de la sobrecarga de la Tierra.