La intervención al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la asignación de atribuciones agrarias al Viceministerio de Autonomías vulneran la normativa agraria y subordinan a la institución a esferas políticas, lo que puede abrir un escenario de riesgos legales, institucionales y de seguridad jurídica en los procesos de saneamiento y titulación de tierras, advirtió este martes la Fundación TIERRA.
A través de un pronunciamiento institucional, la organización expresó su profunda preocupación ante las atribuciones otorgadas al Viceministerio de Autonomías para coordinar procesos de saneamiento, catastro y distribución de tierras, una función que contraviene el marco legal agrario y amenaza con politizar nuevamente la administración de la tierra.
Por otro lado, afirmó que la intervención del INRA solo es legítima si se realiza como una auditoría agraria especializada, encabezada por una comisión técnica de alto nivel y en estricto cumplimiento de la Ley 1715 (Ley INRA) y la Constitución Política del Estado (CPE).
El Decreto Supremo 5488 —que dispone la reorganización del Órgano Ejecutivo— establece que el INRA quede bajo la tuición del Viceministerio de Tierras y la supervisión del Ministerio de la Presidencia, lo que —según TIERRA— vulnera el principio de jerarquía normativa, ya que el INRA es un órgano técnico con autonomía de gestión que se sitúa por encima del nivel viceministerial.
“No se debe subordinar el trabajo del INRA a una instancia ajena como el Viceministerio de Autonomías. Tiene que estar dentro del marco normativo agrario correspondiente, pero, además, hay que brindarle la institucionalidad necesaria al INRA. Para esto hay que seguir los procesos establecidos por Ley. Hay que nombrar un director nacional, según los procedimientos establecidos”, manifestó el director de TIERRA, Juan Pablo Chumacero.
En su pronunciamiento, TIERRA recordó que, en los últimos diez años, diversas entidades y sectores agroambientales han denunciado corrupción, tráfico de tierras y uso político de asentamientos humanos en tierras fiscales. Asimismo, el INRA ha incumplido de forma sistemática su obligación de transparentar la información agraria, tanto en la distribución de tierras fiscales como en la emisión de títulos a medianos y grandes propietarios que no acreditaron origen lícito de sus predios.
Según la institución, el saneamiento y la titulación son procesos técnico-jurídicos especializados, con naturaleza cuasi judicial, que exigen independencia absoluta. Una intervención ejecutada por una entidad de mandato político-administrativo —como el Viceministerio de Autonomías— podría generar vicios de nulidad, poner en riesgo la seguridad jurídica de las tierras en trámite y desencadenar futuras judicializaciones.
“Incluso el Viceministerio de Tierras tiene límites legales y competenciales, tal como se ha señalado al inicio. El apego estricto a la Ley INRA, la Constitución y el régimen agrario vigente no es opcional, sino una condición indispensable para la seguridad jurídica e institucionalidad agraria”, destaca el texto del documento.
En ese contexto, TIERRA recomendó al gobierno restablecer la institucionalidad agraria mediante la designación de autoridades idóneas en el INRA y en el Viceministerio de Tierras, respetando los procedimientos legales vigentes; cumplir con el mecanismo establecido por ley para la elección del Director Nacional del INRA —mediante una terna aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa y con un mandato de cinco años—; y preparar una intervención técnica y una auditoría agraria integral que cuente con bases legales, diagnósticos, metodologías y metas verificables.
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