La presión contra la Ley 1720 —de conversión de la pequeña propiedad en mediana— se activó este miércoles en el centro político del país. La marcha indígena campesina, que días atrás arribó a la sede de gobierno tras un recorrido de casi un mes, accionó sus protestas en inmediaciones de la Vicepresidencia, exigiendo la inmediata atención de las autoridades al pliego de 12 puntos, donde la principal demanda es la abrogación de la normativa en cuestión.
Con sus banderas en alto y carteles improvisados, los indígenas y campesinos originarios que llegaron desde Pando y Beni alzaron sus voces para exigir la abrogación de la norma. Hombres y mujeres se agruparon en torno a las vallas que delimitan el acceso a la Plaza Murillo. Al frente de ellos un fuerte cordón policial les cerró el paso y dejó la protesta contenida en la esquina, donde los cánticos comenzaron a repetirse como una forma de insistencia: “La tierra no se vende”, “Queremos anulación”, “Nosotros también somos el pueblo”.
“Cualquier gobierno de derecha o izquierda es lo mismo. Nosotros tenemos base y esas bases están acá. Nosotros nos mantendremos en pie de lucha. Hemos marchado 29 días. No estamos pidiendo favores, ellos tienen que hacer su trabajo, tienen que abrogar la 1720. No vamos a renunciar a la lucha. Hemos recuperado fuerza y no nos vamos a ir con las manos vacías”, advirtió el dirigente de los campesinos de Pando, Faifer Cuajera.
La protesta de los indígenas y campesinos se realizó luego de que el sector firmara un pacto con la Central Obrera Bolivia (COB) “por la dignidad, la soberanía nacional, la defensa de la tierra y el territorio para el movimiento indígena originario campesino”, con el cual diversas organizaciones sociales establecieron un apoyo mutuo a sus demandas.
“Para nosotros lo más importante es la unidad. La lucha que hemos emprendido por la Amazonía es por el bien del pueblo boliviano. Agradecemos a las organizaciones que se han sumado y se siguen sumando para hacer respetar nuestros derechos. Esperamos que esta unidad sea hasta conseguir nuestros objetivos”, señaló Viviam Palomequi Ejecutiva de la Federación Sindical Única de la Regional Vaca Diez y cuarta coordinadora del BOCINAB.
Acción de inconstitucionalidad
Mientras que en la calle la presión contra la ley de conversión de la pequeña propiedad se hace visible, también se activó una medida legal en otro terreno. Las diputadas Claudia Herbas Siles y Basilia Cruz Bernal, junto con el diputado Rolando Pacheco Chávez presentaron un recurso abstracto de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la Ley N° 1720.
La acción, interpuesta el 29 de abril, apunta a los artículos 1, 3 y 4 de la norma. El cuestionamiento se concentra en el mecanismo que habilita la conversión de pequeñas propiedades en medianas en un plazo de diez días hábiles, mediante declaración jurada y sin consulta a las comunidades ni intervención judicial. Para los legisladores, esta disposición vulnera derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, como la consulta previa, libre e informada, la protección del patrimonio familiar agrario y el principio de unidad territorial.
“El objetivo, evidentemente, es dejar sin efecto la ley porque no se puede vulnerar la unidad territorial comunitaria, no se puede empezar a generar mercados de tierras embargadas, no se puede empezar a mercantilizar la tierra y vulnerar lo más grave que es la inembargabilidad, que es muchas veces el sustento de las familias indígenas campesinas del lugar, en este caso más que todo estamos hablando del norte amazónico”, explicó la parlamentaria.
El recurso explica que más del 70% de las pequeñas propiedades tituladas durante el proceso de saneamiento agrario se encuentran en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Potosí, y que fueron otorgadas bajo la Ley N° 1715 como parte funcional del territorio comunal. Al permitir que un titular sustraiga su parcela del régimen comunitario sin el consentimiento de la comunidad, la ley rompe ese vínculo. La parcela pierde su condición de inembargable y queda expuesta a embargo, hipoteca y transferencia a terceros.
Un punto adicional que señala el recurso es el diferimiento de la verificación de la Función Económica Social (FES) por diez años, establecido en el artículo 4 de la ley. Según los impugnantes, este plazo crea un período en el que la tierra, ya desafectada de su condición de pequeña propiedad, puede circular libremente en el mercado sin que el Estado pueda fiscalizar si cumple la función social que la legitima, lo que habilitaría la especulación y el acaparamiento, expresamente prohibidos por el artículo 399 de la CPE.
Herbas recordó que paralelamente al recurso de inconstitucionalidad, se ha presentado en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley corta de abrogación de la Ley 1720. Herbas Siles explicó que ambas acciones buscan el mismo objetivo: dejar sin efecto una norma que, a su juicio, fue aprobada sin socialización amplia y al margen de las comunidades directamente afectadas.
"Es una forma de mostrar que creemos aún en la institucionalidad jurídica de este país. Antes de aprobar normas en base a discursos de ciertos grupos de interés, se tiene que legislar informando, se tiene que legislar consultando, se tiene que legislar escuchando a la gente", sostuvo Herbas.
Posición de TIERRA
En la víspera, a través de un pronunciamiento público, la Fundación TIERRA ratificó su rechazo a la Ley 1720 y pidió su abrogación inmediata, al considerar que la norma pone en riesgo la protección de la pequeña propiedad agraria, debilita el rol del Estado y abre la puerta a posibles afectaciones sobre territorios indígenas y campesinos.
La institución advirtió que la figura de la “conversión voluntaria”, que permite transformar la pequeña propiedad en mediana propiedad, implica en los hechos una renuncia del Estado a sus responsabilidades constitucionales en materia agraria y ambiental. Según el documento, esta disposición permitiría que los propietarios privados redefinan el estatus de sus predios, debilitando la aplicación de la Función Económica y Social de la tierra.
TIERRA también señaló que la normativa podría beneficiar principalmente a sectores empresariales del agro que, durante procesos de saneamiento, habrían fraccionado sus predios para evitar el pago de tasas e impuestos, y que ahora podrían acogerse a esta figura para modificar su condición. En contraste, advirtió que las comunidades indígenas y campesinas serían las más expuestas a procesos de fragmentación de sus territorios colectivos.
En ese contexto, la organización alertó que la ley podría sentar precedentes para el incremento de conflictos por la tierra, así como para el avance de ocupaciones ilegales y procesos de despojo, afectando la seguridad jurídica en el ámbito rural.
El pronunciamiento se da en medio de la llegada de una marcha indígena campesina a la sede de gobierno, que también demanda la anulación de la norma. TIERRA expresó su respaldo a esta movilización y sostuvo que la abrogación de la ley es una condición necesaria para garantizar el respeto al orden constitucional y a los derechos agrarios.
Finalmente, la institución instó a las autoridades a restituir el rol del Estado como garante de la protección de la tierra y el territorio, y a evitar la implementación de mecanismos que —según advierte— no están contemplados en el régimen agrario vigente.
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