Durante años, la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana II existió más en la memoria y en la resistencia que en los papeles del Estado. Era bosque, río y comunidad, pero no tenía sello ni firma. Hace seis meses, la Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios (CITMRD) recibió por fin su título ejecutorial, documento por el que esperó durante más de dos décadas. Su consolidación no fue un regalo ni un gesto político repentino.
Detrás de esa firma hay años de resistencia, viajes interminables a La Paz y, sobre todo, una herramienta poco conocida que terminó inclinando la balanza: una salvaguarda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un mecanismo internacional que permitió llevar el caso más allá de las oficinas nacionales y convertir una demanda postergada en un derecho reconocido.
La estrategia, impulsada por la Fundación TIERRA junto a organizaciones aliadas, marcó un precedente al convertirse en el primer caso en el que la sociedad civil boliviana recurre a estas instancias internacionales y obtiene una respuesta efectiva, destacó Mario Paniagua, técnico de la organización.
“Nosotros hemos llegado a conocer estas herramientas, estas salvaguardas y hemos visto una oportunidad para lograr avanzar en el trámite y, entonces, de esa forma contactamos a Bank Information Center (BIC), por ejemplo, que va trabajando más de 30 años con estas cuestiones y entonces a través de esta alianza hemos escrito una queja, indicando las vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en la ejecución del proyecto de titulación de tierras”, afirmó Paniagua.
El 12 de diciembre de 2023, la Organización Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios presentó una denuncia ante el MICI (una oficina del Grupo BID, independiente de la gerencia del Banco y de los equipos de proyecto, que atiende las reclamaciones ambientales y sociales) en relación con el Programa de Regularización y Titulación de Tierras Rurales, financiado por el BID en Bolivia.
Durante más de un año, el MICI facilitó un proceso de diálogo entre el Pueblo Tacana, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el equipo del proyecto y las autoridades del BID, con el acompañamiento de la Fundación TIERRA y el BIC.
En esa instancia se denunció que el proceso de saneamiento y titulación del territorio Tacana, financiado con recursos del BID, había quedado entrampado pese a que la demanda fue admitida a inicios de los años 2000. Los plazos legales no se cumplieron y el trámite se vio afectado por decisiones administrativas contradictorias y presiones vinculadas a intereses extractivos en la región. La queja fue realizada ante el agotamiento de las vías internas, argumentando vulneraciones a los derechos indígenas en la ejecución del proyecto.
Las salvaguardas del BID son políticas que obligan a los proyectos financiados por la entidad a respetar estándares sociales y ambientales, incluidos los derechos de los pueblos indígenas. Al admitir la queja, el organismo activó un proceso de diálogo y seguimiento que colocó el caso bajo observación internacional y estableció plazos concretos para que el Estado boliviano resolviera la situación.
Ésta es la primera experiencia boliviana en concluir un proceso de estas características. “El primer caso de Bolivia en estas instancias fue presentado por FOMADE, por el caso del puente del Río de la Vaca, pero el proceso no avanzó y se quedó en el camino. El caso nuestro terminó con la titulación”, destacó el especialista.
Así, esta práctica se convirtió en una referencia sobre cómo los mecanismos de rendición de cuentas de organismos multilaterales pueden ser utilizados como herramientas estratégicas en la defensa de derechos territoriales.
“Este resultado representa un ejemplo del valor de los procesos de diálogo como herramienta para la resolución de conflictos. Mediante la construcción de confianza y el compromiso de todas las partes, la resolución de disputas se consolida como una vía capaz de abordar demandas históricas y generar soluciones sostenibles que fortalezcan los derechos de las personas y la responsabilidad institucional de las organizaciones que los promueven”, destacó el MICI en su portal web.
Organización comunitaria y nuevos desafíos
La titulación, sin embargo, no es el punto final de la historia de Tacana II, sino un nuevo capítulo en una lucha que trasciende el papel firmado. Su resistencia no solo es jurídica, sino cultural y territorial: sostiene identidad, organización y visión colectiva frente a presiones extractivas y decisiones políticas cambiantes.
Hoy, con el título en mano, el desafío se desplaza a otra dimensión: garantizar que ese reconocimiento se traduzca en protección real del bosque, control frente a concesiones mineras e hidrocarburíferas y una gestión sostenible que asegure que las futuras generaciones hereden algo más que un documento, hereden un territorio vivo.
“De aquí para adelante se ven otros problemas que son mucho más serios relacionados a la gestión de este territorio. Ahora están con el título, pero ellos tienen que plantearse otras cuestiones porque su territorio está con concesiones mineras, con concesiones hidrocarburíferas y como en el medio, el INRA dejó espacios grandes de terceros, entonces estos espacios van a ser solicitados por los recursos que tienen, inclusive de oro para una explotación. Esto, por ejemplo, es una amenaza fuerte a la sostenibilidad de este territorio”, advirtió Paniagua.
Para Paniagua, estas presiones pueden traducirse en nuevas disputas y amenazas directas a la sostenibilidad del bosque. También alertó que la condición del territorio —donde se ha advertido la presencia de pueblos en aislamiento— lo vuelve aún más sensible frente a actividades extractivas. Por eso enfatiza que el desafío “de aquí para adelante realmente es que ellos continúen y establezcan una gestión de este territorio de manera sostenible no solo pensando en ellos, sino en las futuras generaciones”, finalizó.
