“La falta de consulta para proceder con la reconversión de tierras puede dejar a pequeños productores a merced del mercado”, advirtió este viernes el director de la Regional Oriente de la Fundación TIERRA, Alcides Vadillo, al referirse al proyecto de ley 157 de Conversión de la Clasificación de Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial, cuyo tratamiento se encuentra pendiente en la Asamblea Legislativa.
La pasada semana, la Fundación TIERRA advirtió que el proyecto de normativa favorece a intereses privados por encima del mandato constitucional de redistribución y control social de la tierra. Uno de los problemas que se identificó es que el proyecto de ley permite convertir una pequeña propiedad en mediana con solo pedirlo, en 10 días y sin verificación técnica. Esto va en desmedro de lo establecido por el saneamiento de tierras, entendido como el procedimiento donde el Estado ha verificado el cumplimiento de la ley y las condiciones de uso para regularizar el derecho propietario.
“Los efectos que esto puede generar son muy grandes. La pequeña propiedad tiene una serie de limitaciones, pero también al mismo tiempo un mecanismo de protección para evitar que los pequeños campesinos tengan que estar sometidos a una presión del mercado y tengan que estar vendiendo por necesidades económicas. Entonces, con este cambio, estos propietarios entran a ese mercado de tierra, van a hipotecar sus tierras como garantía crediticia, pero también si no hay capacidad de pago las van a perder o las van a terminar vendiendo, y esto es responsabilidad también estatal, porque estamos liberando a un importante sector de la sociedad que vive de ese pedazo de tierra y en ese pedazo de tierra a las normas del mercado”, explicó Vadillo.
A juicio del especialista agrario, acelerar la norma sin escuchar a los sectores directamente involucrados podría generar impactos económicos y sociales profundos en comunidades rurales de todo el país.
Según datos de TIERRA, en Santa Cruz existen más de 110 mil predios titulados como pequeñas propiedades que suman 3,6 millones de hectáreas. De estas tierras, 36 mil propiedades son reconocidas como ganaderas, por una superficie de 2.5 millones de hectáreas. De esa superficie, al menos 540 mil hectáreas están dedicadas a la agricultura mecanizada, no a la ganadería familiar. Según el análisis técnico de TIERRA, muchas de estas propiedades fueron artificialmente tituladas bajo esa figura durante el proceso de saneamiento "para aparentar el cumplimiento de una función social y así evadir la verificación de la Función Económico Social que exige la CPE y la ley agraria".
Para Vadillo, el tema excede una discusión técnica y se inscribe en un debate estructural sobre el modelo agrario boliviano. Recordó que la pequeña propiedad está distribuida en todo el territorio nacional y cuestionó que se tomen decisiones desde instancias centrales sin consultar a quienes viven de la tierra. “No puede ser que haya algunos representantes nacionales que sin consultar a estos productores estén tomando decisiones”, enfatizó.
En ese sentido, defendió la necesidad de abrir canales de deliberación pública como parte esencial del sistema democrático. “Creo que ese es el valor de la consulta, ese es el valor de la democracia, no solo que haya representantes que hablen a nombre del pueblo, sino también que esos sectores del pueblo tengan canales para manifestarse y expresar su opinión”, concluyó.
