En el municipio de San Andrés, provincia Marbán del departamento del Beni, el paisaje se ha transformado más rápido que la memoria colectiva. En apenas dos décadas, un territorio casi prístino se convirtió en uno de los polos productivos más relevantes de la región. Primero, con los cultivos de arroz y maíz, que lo convirtieron en un granero capaz de abastecer a gran parte del Beni. Más tarde, con la soya de invierno amplió su alcance hacia los mercados globales, consolidando la producción agrícola como motor económico.
Este avance trajo prosperidad, dinamismo y oportunidades para quienes llegaron en busca de trabajo y tierra. Sin embargo, también dejó abiertas preguntas sobre el futuro: el impacto en el agua, la biodiversidad, la salud de los habitantes y los derechos de quienes participan en el proceso productivo.
El proceso de transformación de la región —según Rudy Vásquez, alcalde de San Andrés— arrancó en 2002 y 2003, cuando los primeros empresarios llegaron al Beni con maquinaria agrícola. Antes de eso, la producción era a pequeña escala y familiar, basada en el chaqueo tradicional. La mecanización lo transformó todo. Hoy San Andrés produce en dos campañas anuales —verano e invierno— y su cadena productiva mueve también el transporte, el comercio y los servicios de toda la zona.
“Prácticamente somos, como municipio, como el granero del departamento del Beni. Entonces, evidentemente, se necesita mucha atención en el tema productivo. Así como se expandió bastante, las necesidades también crecen con el tema de caminos, por ejemplo, pero estamos muy contentos porque aquí, San Andrés garantiza la seguridad alimentaria del departamento”, manifiesta la autoridad.
San Andrés limita al oeste con el municipio de Loreto, por el sur y el este con el departamento de Santa Cruz, y por el norte con el municipio de Trinidad en la provincia de Cercado. El tipo de vegetación dominante en la región de San Andrés es la tropical de sabana. La temperatura promedio mensual durante todo el año fluctúa entre los 24 °C en junio / julio y 27-28 °C de septiembre a marzo.
En 1992, la población del municipio alcanzaba a 8.271 habitantes, pero ahora, luego de 32 años, llega a casi el doble: 15.570 habitantes (Censo 2024). Este crecimiento se aceleró particularmente desde 2016, con asentamientos campesinos que llegaron de los nueve departamentos del país, según contó Damián Pacajes Mamani, ejecutivo de la subcentral campesina Los Tigres.
“Cuando hemos llegado era monte y ahora ya está todo despejado y estamos produciendo arroz, soya, maíz, también pequeñas cosas; se puede decir la yuca para mantener al pueblo del Beni, a la ciudad de Trinidad porque de aquí es de donde más se lleva como tomate, todo tipo de producción (…). Nosotros hemos venido a trabajar la tierra para la seguridad alimentaria. Entonces eso es lo que se está haciendo hoy en el día en San Andrés”, señala el dirigente.
Con los años, el salto productivo trajo consigo la generación de un movimiento económico y contribuyó al crecimiento económico en el departamento debido a las cadenas productivas que se instalaron en diversos sectores, como transporte, alquiler de maquinaria, comercio de insumos y gremiales. Vásquez afirma que, ante este crecimiento, se hicieron gestiones ante la asamblea departamental y nacional para que se reconozca el valor productivo del municipio y así canalizar beneficios.
Este crecimiento, sin embargo, no vino solo. La expansión acelerada de la frontera agrícola empezó a mostrar impactos ambientales, por ejemplo, sobre el agua disponible en el territorio. La autoridad municipal lo describe con una imagen concreta: el charco donde antes el agua le llegaba a la rodilla ya no existe. Los bajíos se desplazaron hacia zonas más bajas. Donde antes se sembraba arroz en altura, hoy el suelo no retiene la humedad suficiente.
“Evidentemente, a veces, el desmonte no planificado tiene también sus consecuencias. Antes en las alturas se sembraba el arroz, pero ya con el tiempo prácticamente ya esos terrenos algunos sirven para la siembra de soya y maíz. Más que todo los terrenos que se están utilizando para el arroz están en los bajíos. Entonces la producción se ha afectado. Por eso también se recomienda no el desmonte indiscriminado, sino un desmonte planificado siempre velando lo que es nuestro medio ambiente”, asegura la autoridad.
Por su parte, Pacajes reconoce que en su subcentral (comunidades de nuevos asentamientos) las cortinas o rompevientos —franjas de vegetación que deberían preservarse entre parcelas para proteger el suelo y retener humedad— no se han respetado con la consistencia necesaria. "No queremos terminar como San Julián", dice, refiriéndose al municipio cruceño donde el desmonte total dejó el territorio sin agua ni sombra. Hay conciencia del riesgo y hay compromisos de corregir, pero el margen de tiempo se estrecha.
La afectación de los agroquímicos
El uso de agroquímicos es otra arista del crecimiento que el municipio está aprendiendo a gestionar. La producción extensiva depende de ellos, pero su aplicación —desde tierra y desde avionetas—tiene efectos que van más allá de las parcelas.
Un entrevistado relacionado con temas de salud del municipio describió casos específicos de personas que, sin tener ningún vínculo con la operación agrícola, sufrieron intoxicaciones graves al estar cerca de una fumigación y perdieron la vida. Los hechos se tomaron como casos aislados, pero reconoce que existe una gran deficiencia en cómo se manejan los productos en la zona.
“En un caso, el hecho sucedió a las diez de la mañana, este señor hasta las tres de la tarde aguantó de ir al hospital y murió porque estuvo absorbiendo el veneno. Él no era un productor, solo estaba trabajando donde estaban fumigando o aplicando el producto químico.Él estaba en un bosque cerca cortando madera. Para quienes aplican siempre es recomendable tener un equipo de protección personal, pero a esta persona que no tenía nada que ver, le ha llegado el producto químico”, relató.
Si bien la dinámica económica puede mostrar aspectos positivos, la presencia de empresas distribuidoras de agroquímicos revela una responsabilidad limitada: suelen enfocarse únicamente en los productores, ya sea mediante capacitaciones o el uso directo de los insumos. Sin embargo, la población que no forma parte del agronegocio permanece ajena a los riesgos de exposición y, por lo tanto, no recibe información ni medidas preventivas. Esto evidencia que el negocio se expande, pero las salvaguardas necesarias para proteger a las comunidades en general no llegan con la misma fuerza.
La responsable de salud del municipio, Rosa Isela Terrazas, explica que con cierta frecuencia se presentan complicaciones leves relacionadas con el uso de agroquímicos —como irritaciones en la piel y los ojos o intoxicaciones menores—, especialmente durante la época de cosecha, y estos casos suelen llegar al Centro de Salud de Puente San Pablo. Sin embargo, ello no significa que la salud de la población no se vea afectada: en muchas ocasiones los malestares se confunden con otras patologías y pasan inadvertidos. En cuanto a los casos graves, los afectados suelen acudir directamente a servicios privados o trasladarse a ciudades como Trinidad o Santa Cruz, lo que los deja fuera del registro municipal. Terrazas reconoce que aún no existe un protocolo específico para la atención de intoxicaciones por agroquímicos, aunque las emergencias que llegan al centro se atienden dentro de las limitaciones de su capacidad.
“Han llegado, por ejemplo, casos por intoxicación. Aquí se los atiende acá como son leves, entonces la mayoría de los medicamentos son cubiertos por el Seguro Universal de Salud. Entonces, como llegan ellos por emergencia, directamente todos los medicamentos que se les pide, cubre. Ahora, otros medicamentos, como no tenemos la capacidad resolutiva, , si el paciente llega a un estado crítico, entonces directamente se va para Trinidad”, afirma la profesional.
El Alcalde reconoce que el uso de agroquímicos tiene consecuencias y que ha habido intoxicaciones, pero señala que las empresas vendedoras orientan a los productores sobre su aplicación. También menciona que se trabajó con instituciones del Estado en la recolección de envases vacíos para evitar que sean descartados en las fuentes de agua, aunque admite que no todos cumplen con ese manejo responsable.
Ante la pregunta sobre enfermedades emergentes, responde que no hay reportes graves: los casos registrados son leves y controlados, y destaca que existe conciencia sobre el tema a pesar del alto uso de agroquímicos en la zona.
Producir sobre tierra que aún no es propia
Junto a los desafíos ambientales y sanitarios, hay una deuda institucional que pesa sobre buena parte de los pequeños productores de San Andrés: la titulación de tierras. Las comunidades campesinas que llegaron bajo resoluciones de asentamiento deben, según la normativa del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), demostrar en dos años que se hallan trabajando la tierra de manera sostenible, pasar una segunda evaluación y recibir eventualmente su título comunal de propiedad. En la práctica, el proceso se traba.
Pacajes lleva nueve años en su comunidad los Tigres que pasó ambas evaluaciones. pero el título no les llega. En su subcentral las comunidades deberían haber recibido sus títulos hace años. El INRA responde con la excusa de falta de personal y los expedientes son enviados de vuelta desde La Paz sin resolución alguna.
"Ya son casi 10 años. Ya tiene que ser, pero no hay esa voluntad del Ministerio del Desarrollo Rural y Tierras. Queremos tener ese documento, pero no lo tenemos y no nos dan esa prioridad", cuestiona Pacajes.
San Andrés también enfrenta un ciclo recurrente de incendios que, en 2014, 2019 y 2024 alcanzó niveles críticos: humo tan denso que paralizó clases en las escuelas, afectó a comunidades enteras y dejó secuelas en la salud de la población. Este año el municipio avanzó en la conformación de comités de alerta temprana y equipos de bomberos voluntarios en diez comunidades, un paso concreto hacia una gestión más preventiva del riesgo.
El crecimiento de San Andrés es innegable; se refleja en el bienestar de la gente y en una economía regional vibrante que encontró lo que buscaba. Pero este auge tiene un costo oculto. Mientras las cifras de producción baten récords, la realidad de fondo muestra tierras sin seguridad jurídica, un descenso alarmante en los niveles hídricos y una pérdida constante de su capital natural. Incluso la salud pública revela grietas, con diagnósticos médicos limitados por la falta de categorías específicas para tratar intoxicaciones. San Andrés corre hacia el progreso, pero arrastra deudas estructurales que amenazan su sostenibilidad.
Lo que falta es que la atención institucional crezca al mismo ritmo que la producción: protocolos de salud, registros ambientales serios, una respuesta del INRA a la altura de quienes trabajan la tierra. El granero del Beni ya existe; la pregunta es cuánto más puede sostener sin los cimientos que todavía le faltan.
