Organizaciones indígenas, originarias y campesinas de tierras altas y tierras bajas — en el marco del Encuentro Nacional por la Tierra y Territorio— elevaron el tono frente a decisiones estatales sobre tierra y territorio y dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para atender sus demandas en las que se incluye la abrogación de la Ley 1720 de conversión de pequeña a mediana propiedad. Las determinaciones están establecidas en un pronunciamiento público que contiene un pliego de cinco demandas centrales en materia de tierra y territorio. De no existir respuesta, advierten con iniciar movilizaciones y medidas de hecho en distintas regiones del país.
“El nuevo paquete de leyes construido por el Órgano Ejecutivo para ´abrir el mundo a Bolivia e introducir a Bolivia al mundo’ no es otra cosa que abrir la puerta a proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables como el oro, minerales cítricos y tierras raras, litio; hidrocarburos; proyectos energéticos y de infraestructura, los cuales no reconocen los derechos fundamentales de los pueblos indígena originario y campesinos”, resalta parte del documento.
El manifiesto fue trabajado por al menos 28 organizaciones del país, durante dos jornadas, en un evento que fue impulsado la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB). El documento articula cinco puntos clave: la titulación colectiva de territorios indígenas aún pendientes; la abrogación inmediata de la Ley 1720 por considerarla inconstitucional; el respaldo a movilizaciones en defensa de la tierra en regiones como Pando y Beni; el respeto a los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales en procesos legislativos; y el rechazo a iniciativas que buscan la comercialización de bonos de carbono en territorios indígenas.
El pronunciamiento dejó en claro que la disputa no es únicamente normativa, sino política y territorial. Con demandas concretas, tiempos definidos y acciones anunciadas, las organizaciones advierten que la conflictividad en torno a la tierra podría escalar si no se producen respuestas inmediatas desde el nivel central del Estado.
Las organizaciones remarcaron que las recientes decisiones legislativas avanzan sin diálogo ni participación efectiva, vulnerando principios constitucionales y compromisos asumidos por el propio Estado. En su evaluación, esto no solo pone en riesgo derechos colectivos, sino que abre la puerta a conflictos territoriales más profundos en un contexto ya marcado por presiones sobre la tierra, los recursos naturales y los ecosistemas.
El documento también subraya que la exclusión del sujeto indígena originario campesino no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que debilita la institucionalidad y limita la capacidad del país para responder a la crisis climática y económica con soluciones sostenibles.
“La aguda crisis ambiental y climática no puede resolverse sobre la espalda de los indígenas originario campesinos, quienes no la hemos provocado. Alertamos sobre la materialización de la propuesta promovida por sectores empresariales y fundaciones externas en franco desconocimiento de la realidad de los pueblos y comunidades, quienes pretender mercantilizar nuestros bosques y territorios con la venta de bonos de carbono”, destaca otra parte del documento.
Frente a este escenario, el sector hace un llamado para reencauzar la política de tierras sobre la base del diálogo real, el respeto a los derechos colectivos y la participación vinculante de las organizaciones. Las voces reunidas en el Encuentro insistieron en que no es posible construir salidas a la crisis sin incorporar la experiencia, el conocimiento y las formas de gestión territorial de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
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