Las organizaciones indígenas y campesinas que protagonizaron la “Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígena Originario Campesinos” rechazaron de forma categórica las denuncias de que su movilización estaría financiada o dirigida por organizaciones no gubernamentales (ONG) u otros actores externos.
“Expresamos nuestra profunda sorpresa e indignación frente a las declaraciones de algunos diputados y senadores, quienes señalaron que nuestra marcha no fue espontánea y que habría sido dirigida por organizaciones no gubernamentales, engañando y mintiendo a los pueblos indígenas originario campesinos, como si nosotros no supiéramos entender y comprender la realidad nacional, analizar lo que ocurre en este país y los intereses que defienden algunos representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso refleja un desconocimiento de los pueblos indígenas originarios campesinos y expresa una visión racista, colonial y discriminatoria”, señala parte del pronunciamiento público que fue difundido este viernes.
A través del documento, afirmaron que la protesta nació de manera “legítima y orgánica” como respuesta a la aprobación de normas que, según sostienen, afectan sus territorios y recursos naturales sin consulta ni participación efectiva de los pueblos indígenas.
La declaración fue suscrita por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando, la Regional Madre de Dios, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Beni, la Regional Vaca Díez y la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), entre otras organizaciones que integraron la marcha.
El pronunciamiento surge luego de que legisladores, entre ellos el diputado Wilson Áñez y los senadores Leonardo Roca, José Roca y Branko Marinkovic, sugirieran que la movilización no sería espontánea, sino promovida por ONGs. Los marchistas calificaron esas afirmaciones como ofensivas, racistas y discriminatorias, y señalaron que reducen a los pueblos indígenas y campesinos a una condición de inferioridad, como si no tuvieran capacidad de análisis y decisión propia.
En días recientes, organizaciones de la sociedad civil boliviana, fundaciones y entidades sin fines de lucro difundieron un pronunciamiento público en el que rechazaron las descalificaciones, la estigmatización y las amenazas dirigidas contra su labor. En el documento, reafirmaron que su trabajo histórico ha estado orientado a la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la promoción del desarrollo sostenible, especialmente junto a pueblos indígenas, comunidades campesinas y sectores en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, exigieron al Estado y a los actores políticos garantizar un entorno que respete las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, y recordaron que la sociedad civil organizada no constituye un “negocio”, sino una expresión legítima del ejercicio ciudadano.
“No somos títeres de nadie”, enfatizaron en su pronunciamiento las organizaciones que protagonizaron la marcha y ratificaron que sus decisiones no responden a partidos políticos, instituciones no gubernamentales ni otros intereses externos. Aunque reconocen el trabajo de la sociedad civil en los territorios, aclararon que ello no justifica que se intente desacreditar una movilización que, aseguran, es una expresión de autodeterminación y soberanía de los pueblos indígena originario campesinos.
La “Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígena Originario Campesinos fue impulsada inicialmente para exigir la abrogación de la Ley N.º 1720 de conversión de la pequeña propiedad en mediana, normativa cuestionada por las organizaciones por considerar que afectaba la seguridad jurídica de sus territorios.
Aunque la ley ya fue abrogada, los movilizados afirman que su demanda va más allá de una norma específica y busca garantizar que los pueblos indígenas sean tomados en cuenta en la elaboración y aprobación de leyes vinculadas a la tierra, el territorio y los recursos naturales. En el documento, los marchistas ratificaron su decisión de continuar vigilantes ante cualquier intento de aprobar leyes o políticas que vulneren sus conquistas y sus territorios. “La Madre Tierra no se vende” y “Los territorios indígenas no se negocian, se defienden”, reza la parte final del documento.
