Alrededor de 70 organizaciones de la sociedad civil boliviana —entre ellas la Fundación TIERRA— suscribieron un pronunciamiento público conjunto en el que rechazan las descalificaciones, la estigmatización y las amenazas dirigidas contra organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades sin fines de lucro, y reafirmaron su papel como defensoras de derechos humanos y actoras del desarrollo.
El documento fue difundido en un contexto marcado por cuestionamientos y discursos que buscan desacreditar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente en medio del debate nacional y de la actual movilización campesina e indígena que exige la abrogación de la Ley 1720 de conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana.
En el pronunciamiento, las organizaciones recuerdan que su labor no es reciente ni circunstancial. Destacan que, a lo largo de la historia democrática del país, han contribuido al fortalecimiento de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la participación ciudadana, acompañando a pueblos indígenas, comunidades campesinas y poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Las organizaciones subrayan que su trabajo se realiza de manera independiente y en coordinación con diversos sectores sociales, promoviendo el diálogo, la generación de evidencia y el fortalecimiento organizativo para garantizar que los derechos de la población sean respetados.
En el caso de Fundación TIERRA, es una organización no gubernamental boliviana fundada en 1991, dedicada a la investigación y acción para promover el desarrollo rural sostenible, con especial atención a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas. A lo largo de más de tres décadas, ha contribuido al debate y la construcción de políticas públicas clave en el país, como la Ley de Participación Popular, la Ley INRA y el capítulo de Tierra y Territorio de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Las organizaciones advierten que los ataques actuales no son hechos aislados, sino parte de una narrativa recurrente que busca deslegitimar su labor mediante acusaciones y amenazas. Señalan que esta situación pone en riesgo a personas y entidades defensoras de derechos humanos, así como el ejercicio de las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica.
En ese marco, exigen al Estado y a los actores políticos detener las actitudes de estigmatización y descalificación, garantizar un entorno adecuado para el trabajo de la sociedad civil y abrir un diálogo democrático, plural y respetuoso sobre cualquier normativa que pueda afectar a estas organizaciones.
“El trabajo de la sociedad civil no es un negocio, sino una expresión del ejercicio ciudadano”, señala el pronunciamiento, que reafirma la independencia de las organizaciones como una garantía para promover la transparencia, el respeto a los derechos y el fortalecimiento institucional.
La Fundación TIERRA, como parte de las entidades firmantes, respalda este llamado y ratifica su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el acceso a la tierra, la democracia y el desarrollo sostenible en Bolivia.
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