La era de los biocombustibles no tiene quien le produzca la materia prima. ¿Debería utilizarse las tierras rurales para producir alimentos o combustibles? Ésta es la pregunta que fragmenta a los agricultores llamados a producir la palma aceitera.

Un grupo de 80 instituciones, organizaciones y articulaciones de la sociedad civil ha emitido una carta abierta dirigida a la población boliviana, así como a los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, medios de comunicación y cooperación internacional en la que instan a tomar acciones concretas frente a los incendios en Bolivia.

El municipio de Tiahuanacu, conocido mundialmente por su patrimonio arqueológico y cultural, enfrenta una problemática cada vez más preocupante por la falta de agua. Los efectos del cambio climático, la disminución de precipitaciones y la sobreexplotación de los recursos hídricos han comenzado a afectar a sus comunidades, por lo que la población ha decidido tomar acciones para preservar este importante recurso.

Con 1,253.505 hectáreas quemadas, San Matías es el municipio más afectado por los incendios, pues el fuego devoró 46,8% de su territorio, según datos analizados por la Fundación TIERRA hasta el 26 de agosto con base en imágenes de los satélites Sentinel 2 y Sentinel 3 de Copernicus, e información de focos de calor proporcionados por los satélites MODIS y VIIRS de la NASA.

La legalización de cultivos genéticamente modificados (GM) en Bolivia no es una solución que aporte a enfrentar la crisis económica que atraviesa el país. Esta es la posición de la Fundación TIERRA establecida en un documento de divulgación pública, a propósito de la reciente propuesta de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) al gobierno nacional para aprobar el uso de nuevas variedades de cultivos transgénicos que incluyen la soya Intacta, la soya HB4, el trigo HB4 y el maíz Bt.

Cuatro organizaciones indígenas chiquitanas expresaron su profundo descontento y preocupación por haber sido relegados del Plan de Acción de Gestión (PAG) que elaboró el Banco Mundial para implementar medidas correctivas en la ejecución del proyecto carretero San José - San Ignacio, en Santa Cruz.  Las medidas de la entidad internacional fueron elaboradas luego de que el Panel de Inspección atendiera la denuncia que hicieron los indígenas sobre los impactos negativos que trajo la obra a sus territorios y formas de vida.