El Gobierno aprobó ayer el Decreto Supremo 4959 con el que crea el Registro Único de Mercurio (RUME) instancia que registrará a toda persona natural o jurídica, pública o privada que realice importación, exportación o comercialización de mercurio, con la finalidad de precautelar por “la salud humana y reducir el impacto en el medio ambiente provocado” por el uso de este metal.

Un estudio científico realizado a iniciativa de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), aplicada a 36 comunidades, reveló este martes que la contaminación por mercurio afecta a los habitantes de seis pueblos indígenas del norte de La Paz, quienes superan de dos a siete veces el límite permitido de toxicidad en su cuerpo. Los más afectados son los tsimanes y ese ejjas, que se alimentan de peces y habitan en la cuenca baja de los ríos, donde se concentran los desechos de la parte superior, donde hay actividad minera mecanizada y artesanal para la explotación del oro.

Según los datos del Censo de 2012, luego del español, quechua y aymara, el alemán bajo (Plautdietsh), es, por orden de importancia, la cuarta lengua en la que los niños aprenden a hablar en Bolivia en el área rural. Este llamativo dato es, además, la pista que da más luces sobre la cantidad de menonitas en Bolivia, de quienes no se tiene información oficial precisa y cuyas colonias se han expandido en la última década debido al crecimiento demográfico acelerado y a la llegada de nuevos emigrantes desde el Chaco paraguayo y otros países.

Alrededor de 12 comunidades indígenas del pueblo Tsimane ubicadas en la región de Yucumo se encuentran en peligro de extinción por la invasión de colonizadores, la deforestación y las quemas de sus viviendas. Mientras son despojados de sus tierras tradicionales, los tsimanes son discriminados y tienen serias dificultades para acceder a la justicia. Ante la mirada cómplice del Estado Plurinacional de Bolivia, la violencia, las amenazas y el miedo son moneda corriente.

Recortar el gasto corriente de 2023 en el sector público, crear un régimen impositivo específico para los grandes consumidores de diésel y cancelar los proyectos de producción de biodiesel, son las tres de las seis medidas que planteó este martes la Fundación TIERRA —organización especializada en temas agrarios y ambientales—para enfrentar los problemas económicos en Bolivia sin agravar los costos ambientales y sociales.

El Panel de Inspección del Banco Mundial (IP por sus siglas en inglés) realizará una investigación sobre la afectación que sufren los indígenas de la Chiquitanía por la construcción de la carretera San José - San Ignacio en el departamento de Santa Cruz, obra que tiene un presupuesto de 230 millones de dólares y que es financiado por la organización internacional.