Los indígenas ese ejjas son conocidos por su cultura de río y por su actividad pesquera que practican ancestralmente. La población de Eyiyoquibo, ubicada en el norte de La Paz, está en un primer contacto con el Estado boliviano, el que, por su burocracia, no ha logrado generar mecanismos adecuados para atender sus necesidades y garantizar el ejercicio de sus derechos. Sin un espacio por el que moverse, presionados al sedentarismo, su seguridad alimentaria corre riesgo.

Con dos bolsas de yute en las manos y acompañado por representantes de diversas organizaciones, Miguel Supa Gamez —indígena tacana que estaba recluido en el penal de San Pedro— dejó el recinto penitenciario en el que estuvo encerrado más de seis meses. Aunque logró su liberación, su proceso continúa abierto y debe cumplir la detención domiciliaria sin derecho al trabajo, que son parte de las medidas que impuso un juzgado cautelar.

Miguel Supa —indígena tacana del norte de La Paz que está por cumplir 200 días de detención en la cárcel de San Pedro— logró obtener su certificado de nacimiento y su cédula de identidad, además, fue beneficiado con una resolución que le acerca a devolverle la libertad, informó Mabel Martínez, delegada Defensorial de La Paz. Supa se encuentra recluido desde finales de marzo de este año por hechos de violencia que sucedieron en medio de un conflicto por tierras ocurrido en la comunidad de Chushuara, municipio de Apolo.

Tuvieron que acostumbrarse a vivir en un espacio estático y reducido. En una vivienda habitan hasta 12 familias. Tampoco pueden ejercer libremente la pesca, pues los controles del Estado los restringe. Esos son algunos de los detalles que describieron Wilson Torrez y Apolinar Ocampos, ambos indígenas ese ejja, quienes participaron de la presentación del estudio: Ese Ejjas de Eyiyoquibo, pueblo indígena de contacto inicial”.

Los ese ejjas de Eyiyoquibo, pueblo indígena de la Amazonía, tenían su medio de vida tradicional dependiente de la pesca. Por ello vivían en la rivera de los ríos, moviéndose con libertad por los afluentes. Sin embargo, en las últimas dos décadas, su situación cambió radicalmente y ahora se encuentran arrinconados en un espacio semiurbano, alejados de sus orígenes.

Autoridades y exautoridades de los municipios de Palca, Tiahunacu, Taraco, San Andrés de Machaca y Coroico —además de representantes de las provincias Aroma, Omasuyos y Los Andes— intercambiaron experiencias sobre prácticas de gestión comunal y reflexionaron sobre la importancia de su aplicación en sus regiones.

El debate sobre esta temática forma parte del Conversatorio Sobre Gestión Comunal Organizativa, evento que fue organizado por la regional Altiplano de la Fundación TIERRA en coordinación con la carrera de Sociología de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), en el marco del convenio interinstitucional que tienen ambas entidades.

“La Universidad no puede ser una isla en la sociedad, por ende, en la comunidad. Es necesario que este tipo de eventos conecte con los hermanos de las comunidades rurales porque ustedes son los que producen alimentos para los que viven en la ciudad. Es importante reunirnos así con personas mayores que tienen mucha experiencia. Las puertas de la carrera de Sociología siempre van a estar abiertas para este tipo de encuentros”, manifestó el director de la carrera de Sociología de la UPEA, David Alí.

En el área rural se desarrollan, cotidianamente, prácticas de gestión comunal a la cabeza de sus autoridades. Las temáticas y los ámbitos de esta gestión se establecen para el relacionamiento de la comunidad con el ámbito externo, así como en el autogobierno comunal, en sus distintos niveles.

Las comunidades han puesto en marcha varias herramientas autogestionarias para la gestión de sus territorios, como, por ejemplo, el estatuto orgánico, que regula el gobierno comunal y el cumplimiento de la función social de sus afiliados.  “El número de cargos comunales varía de acuerdo al contexto de cada comunidad, tomando en cuenta su vocación productiva”, agregó Alejandro Ávila, del municipio de Carabuco.

Por su lado, Víctor Eloy Chambi —de la comunidad de Calamarca— afirmó que en algunas regiones el rol de los cargos de autoridades no está bien definido, por lo que es necesario realizar ajustes y adecuaciones. “Por ese motivo, en algunas comunidades, los cargos menores no funcionan. Las autoridades en ejercicio tienen que vivir en la comunidad, al menos durante su gestión”, reflexionó.

Otra de las herramientas que se utiliza con frecuencia en el área rural es el libro de actas, que se constituye como un documento de registro de la comunidad en la que se tienen anotadas todas las actividades. Este registro, a la larga, ayuda a las autoridades y a los pobladores a gestionar su territorio y también queda como memoria de la gestión de las autoridades en turno.