El discurso que presenta a la agroindustria como salvación económica del país ha calado hondo en el debate político, pero para Alcides Vadillo, director de Fundación TIERRA - regional Oriente, se trata de una narrativa que oculta más riesgos que certezas. En su intervención durante el foro “Elecciones y agroexportación”, Vadillo desmanteló con datos, investigaciones recientes y argumentos estructurales, la idea de que Bolivia puede sostener su desarrollo en la expansión agrícola.
“Bolivia no tiene más del 8% de su territorio con capacidad para agricultura intensiva. No podemos seguir alimentando el mito de que el agro es nuestro motor de desarrollo”, sentenció. Según explicó, los planes de uso de suelo en departamentos como Santa Cruz, Beni y Pando ya delimitan claramente esta restricción, y forzar la producción agrícola en zonas no aptas está conduciendo a desastres ecológicos como los incendios masivos.
Vadillo puso el foco en la presión del sector agroindustrial por legalizar y expandir el uso de cultivos transgénicos, bajo el eufemismo de “biotecnología”. “Cuando el sector habla de biotecnología, no se refiere al mejoramiento genético ni a biofertilizantes. Lo que demandan es la aprobación del uso de semillas genéticamente modificadas para soya, maíz, trigo y arroz”, advirtió.
Sin embargo, una reciente investigación de Fundación TIERRA reveló que el uso de maíz transgénico ya es una práctica extendida —aunque ilegal— en Bolivia. En una muestra de 254 pruebas en siete regiones de Santa Cruz, el 77% del maíz analizado resultó ser genéticamente modificado. “En Cuatro Cañadas, el 100% del maíz es transgénico. Pero no hay evidencia de que eso haya duplicado la productividad, como promete el discurso agroindustrial”, indicó.
Además del bajo impacto productivo, Vadillo alertó sobre los riesgos sociales, ambientales y de salud. Desde la pérdida de biodiversidad por contaminación genética hasta el uso extendido de agroquímicos como el glifosato, cuyo vínculo con el cáncer ha sido reconocido por múltiples estudios. “La expansión de cultivos transgénicos está desplazando comunidades indígenas y campesinas. O se integran como productores de soya, o migran”, denunció.
“Estamos hablando de una transformación profunda en el qué, cómo y para quién producir”, afirmó. Con la homogenización del paisaje agrícola en regiones como Pailón, Cuatro Cañadas y San Julián —donde sólo se produce soya, sorgo y maíz transgénico—, la diversidad alimentaria y la soberanía de las comunidades se ven amenazadas. “Esta no es una revolución agrícola, es una imposición de monocultivos”, sentenció.
Vadillo también abordó el tema de los avasallamientos como una consecuencia directa de esta presión territorial. Según datos oficiales, a junio de 2025 existen 164 denuncias de toma ilegal de tierras en Bolivia, 50 de ellas en Santa Cruz. “Lo más grave es que no existe una sola sentencia en el país por avasallamiento. Esto ha derivado en un sistema de extorsión: los propietarios terminan pagando a quienes les invadieron para que se retiren”, explicó.
Al cerrar su exposición, Vadillo apeló a desmantelar los mitos que sustentan el modelo agroindustrial como vía de salvación nacional: “Estamos proyectando el modelo cruceño como una ideología, no como una alternativa real. Bolivia es un país de vocación forestal, no agrícola. Y si forzamos esa transformación, lo que tendremos no es desarrollo, sino degradación”.
En su análisis, más allá de los slogans y las promesas, el agroindustrialismo en Bolivia es una vía frágil, peligrosa y profundamente inequitativa. Para Vadillo, en tiempos de crisis climática y redefinición global del desarrollo, insistir en un modelo que arrasa ecosistemas, desplaza comunidades y no garantiza soberanía alimentaria, parece “menos una solución y más una trampa”.