El Gran Cacique del Pueblo Tsimane del Sector Yacuma, Rosendo Merena, advirtió en un pronunciamiento público que un grupo de personas planea tomar su comunidad y retenerlo como rehén hoy 22 de octubre, en un contexto de amenazas con armas de fuego, persecuciones con machetes y bloqueos de caminos que han dejado a familias indígenas sin protección estatal tras el reconocimiento constitucional de sus derechos territoriales.
En el documento, Merena expresó: "temo por mi vida, la vida de mis hermanos, hermanas, niños y ancianos", tras recibir información precisa sobre la acción planificada para hoy. El líder indígena señaló que su comunidad ya no duerme tranquila y siente que el Estado no los escucha.
Las tensiones se intensificaron desde la emisión de la Sentencia Constitucional 0935/2024-S3, que reconoce el derecho ancestral y colectivo del pueblo Tsimane sobre su territorio. El 13 de octubre, personas afiliadas a la Federación de Productores Agroecológicos de Yucumo (FEPAY) bloquearon caminos, impidieron el tránsito de familias tsimane y amenazaron con armas de fuego. Dos mujeres tsimane fueron perseguidas con machetes y amenazadas de muerte.
Según Merena, el 15 de octubre, un agresor armado llegó hasta su casa para intentar intimidarlo. El cacique subrayó que, en su comunidad, como en todas las tsimane, viven niños, mujeres y ancianos en situación de vulnerabilidad. Merena también envió una nota escrita a un oficial policial, solicitando resguardo.
El pueblo indígena Tsimane del sector Yacuma, considerado en contacto inicial, luchó durante años para que se reconociera su territorio, sus formas de vida. Finalmente, una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional 0935/2024-S3 les dio la razón, con lo que se supone debieron recuperar su territorio. Sin embargo, desde ese momento, se produjo una escalada de actos de violencia y acoso, que continúan a la fecha.
Para Jhovanna Morales, investigadora jurídica de la Fundación TIERRA, tras el fallo constitucional el Estado se alejó y no cumplió con su responsabilidad de acompañamiento. "Dejó al pueblo Tsimane solo, enfrentando nuevas amenazas, esta vez de terceras personas afiliadas a la FEPAY que llegaron a sus tierras, como si el bosque y la vida de los indígenas Tsimane no valieran nada", afirmó.
Morales consideró que lo más grave es que una sentencia que nació para protegerlos terminó convirtiéndose en símbolo del abandono por la inacción de las autoridades encargadas de su cumplimiento. "Ese silencio de las autoridades como el INRA y el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (Digepio), que deberían apoyarlos, duele, porque la justicia que no se cumple también es una forma de injusticia", concluyó.
