“Deforestar el bosque no es desarrollo, es hipotecar el país”. Con esa frase, Jhovanna Morales, investigadora jurídica de la Fundación TIERRA, abrió una de las intervenciones más críticas del foro Elecciones y agroexportación… ¿Una respuesta y sostenible a la crisis? Denunció que Bolivia vive una brecha profunda entre el discurso político y la realidad ambiental, donde los programas de gobierno prometen sostenibilidad mientras las leyes vigentes siguen “alimentando la deforestación y debilitando la protección de los bosques”.
“Hay una distancia abismal entre el discurso político y la realidad agroambiental. En los debates vemos que se prioriza lo económico. Son personas sin alma ambiental que ignoran por completo los riesgos sociales y ecológicos, y eso podría incluso enterrar al país en una crisis mucho más profunda”, señaló Morales en el marco del foro —que se realizó el 22 de julio.
Morales denunció que, mientras los programas de gobierno se llenan de promesas verdes, la base normativa sigue orientada a expandir la frontera agrícola a cualquier costo, debilitando la protección de bosques, reservas y áreas protegidas. “Pretender vender el bosque en nombre de la producción es justificar el ecocidio con un discurso político. Estamos normalizando la destrucción bajo leyes que se presentan como desarrollo”, afirmó.
La especialista cuestionó de manera específica el marco legal vigente, al que calificó como “un sistema que alimenta la deforestación masiva”. Entre las normas que observó están la Ley 337 y sus ampliatorias (502, 739 y 952), que “perdonaron desmontes ilegales sin una verificación real”; la Ley 741, que habilita asentamientos y provoca deforestaciones masivas; y el DS 4334, que permite desmontes en tierras de producción forestal permanente. “Son leyes incendiarias que han institucionalizado el cambio de uso de suelo. ¿Hasta cuándo la legislación y la institucionalidad ambiental seguirán subordinadas a los intereses de la agroindustria?”, cuestionó.
Morales también se refirió al impacto humano detrás de estas políticas: “La historia nos está enseñando que hay comunidades campesinas e indígenas que están migrando a la ciudad. ¿Por qué? Porque no tienen agua que consumir. ¿Y eso a qué se debe? A la explotación, a la deforestación y a un marco normativo que prioriza el desmonte sobre la vida”.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la crítica a las propuestas electorales. Según Morales, los programas de gobierno “repiten frases cliché como proteger el medio ambiente o crear justicia ambiental, pero en los hechos no plantean derogar ninguna de las leyes que están permitiendo los incendios y los desmontes”. Y fue tajante: “Gobernar sin conciencia ambiental es sembrar leyes en un bosque talado. No se trata de hablar bonito, se trata de derogar normas extractivas y construir un verdadero marco agroambiental”.
La abogada resumió su diagnóstico en cuatro falencias críticas: ausencia de voluntad política, un marco agroambiental obsoleto, falta de gobernanza ambiental y propuestas demagógicas. “No es suficiente hablar de sostenibilidad si seguimos legislando para desmontar. Necesitamos una revolución normativa. Las leyes desde 1996 ya no responden a la realidad. Generar divisas sacrificando el bosque tal vez sirva tres o cinco años, pero después no habrá agua ni ecosistemas. El siguiente gran conflicto será el agua”, enfatizó.
