“La agricultura familiar campesina indígena no es el pasado: es el presente y el futuro de la alimentación en Bolivia”. Con esa frase, Pamela Cartagena, investigadora y exdirectora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) hizo un crudo diagnóstico: el sector que alimenta a más de la mitad de la población fue invisibilizado debido al abandono estatal, la presión del modelo agroexportador y la amenaza creciente del cambio climático.
Durante su intervención, la especialista recordó que, según el último Censo Agropecuario (2013), el 96% de las unidades productivas agropecuarias del país son de agricultura familiar, que además genera el 61% de los alimentos frescos que consumen los hogares bolivianos. “Estamos hablando de casi 872 mil unidades productivas que, con poca tecnología, sin políticas diferenciadas y con enormes limitaciones de mercado, siguen sosteniendo la seguridad alimentaria del país”, enfatizó.
Los datos presentados muestran un panorama complejo: el 55% de la tierra en Bolivia está en manos de campesinos e indígenas, ya sea como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), propiedad comunitaria o pequeñas parcelas. Sin embargo, la seguridad jurídica sobre esos territorios sigue en duda y las políticas públicas no responden a la diversidad productiva. “Las agendas agroalimentarias en Bolivia son bonitas en papel, pero homogenizan una realidad que es profundamente diversa. No se puede diseñar las mismas políticas para el altiplano que para la Amazonía”, sostuvo.
La investigadora subrayó que la agricultura familiar no solo produce alimentos, sino que es clave para la conservación de semillas nativas y la biodiversidad. “Cada parcela campesina es un banco vivo de semillas y de cultura. En una sola chacra pueden encontrarse hasta 18 variedades de papa, una riqueza que no entra en las cuentas de la agroindustria, pero que sostiene nuestra soberanía alimentaria”, apuntó.
Para Cartagena, la agricultura familiar absorbe el 95% de la mano de obra agrícola y genera ingresos que, en la mayoría de los casos, provienen de actividades productivas diversificadas: agricultura, ganadería, recolección, pesca y artesanías. Sin embargo, enfrenta desafíos críticos: Suelos degradados y erosión severa en valles y altiplano; pérdida de material genético y semillas nativas; sequías, heladas e incendios que afectan al 70% de sus unidades productivas; desplazamientos forzados por actividades extractivas y acceso limitado a tecnología e innovación adaptada.
“Estamos hablando de un sector que subsidia la alimentación de todo el país con trabajo no remunerado y que, sin embargo, sigue siendo el gran olvidado de las políticas públicas”, criticó.
La exposición cerró con una hoja de ruta que propone políticas de Estado de largo plazo. Entre los desafíos planteados se encuentran: Planificación territorial basada en el uso sostenible de suelos y agua; protección de zonas de recarga hídrica en altiplano y valles; reformar la investigación agrícola priorizando agroecología y semillas nativas; garantizar seguridad jurídica sobre tierras campesinas e indígenas; fortalecer mercados locales y comercio justo frente al sesgo exportador; fomentar la producción agroecológica como respuesta al cambio climático;
“Si seguimos dándole la espalda a la agricultura familiar campesina e indígena, no solo perderemos biodiversidad: comprometeremos la seguridad alimentaria del país. Bolivia no puede darse el lujo de invisibilizar al sector que la alimenta”, advirtió.