La pérdida de bosques alcanza 820 hectáreas por día.
No es casual que el 78% de las emisiones de carbono (CO2) de Bolivia esté ocasionado por los desmontes y la agricultura mecanizada (CIAT 2019). La deforestación no solo elimina el proceso natural de captura y almacenamiento del carbono en los troncos y ramas de los árboles, sino que agrava los incendios forestales que liberan a la atmósfera los gases secuestrados durante decenas y cientos de años. Las áreas desmontadas aumentan el ajetreo y el número de maquinarias agrícolas sedientas de combustibles contaminantes.
El 2021, la deforestación alcanzó 268 mil hectáreas a nivel nacional. Esta cifra está lejos de los registros históricos que, en promedio, oscilaban entre 170 mil a 200 mil hectáreas, hasta el año 2015. El registro del año pasado está más cerca a la media anual reciente que ronda 300 mil hectáreas, según los reportes de desmontes de los últimos seis años (2016-2021).
La escalada comenzó el 2016, cuando la deforestación se triplicó súbitamente con respecto al año anterior, pasando de 130 mil hectáreas a 380 mil. En adelante, los registros presentaron altibajos, pero manteniendo los niveles altos. Estos datos expuestos en un reciente estudio de Fundación TIERRA confirman los altos costos ambientales provocados por las políticas y regulaciones cada vez más laxas que rigen sobre bosques y tierras. Siguen en pie las ambiciosas metas gubernamentales de cuadruplicar las tierras cultivadas y duplicar el ganado vacuno hasta el año 2025; todo esto, para celebrar el bicentenario de Bolivia.
Pero todo apunta a que la deforestación no es un mal necesario que convertirá la agricultura mecanizada en un contribuyente a la economía nacional. Al contrario, el agro que se impone no solo depreda los bosques sino los bienes públicos y las arcas del Estado. Para empezar, los medianos y grandes dueños de la tierra no tributan al igual que la gran mayoría de los bolivianos, sino que gozan del privilegio de pagar anualmente unos 26 bolivianos por hectárea de tierra. Por esta razón, las recaudaciones por concepto de régimen agrario unificado (RAU) no representan ni el uno por ciento del total de los impuestos pagados. También canalizan gran parte de las subvenciones al diésel que benefician a los agropecuarios cruceños, después del transporte pesado.
El mecanismo más reciente, ideado para capturar más privilegios a costa de los bienes públicos, es la producción de biocombustibles. Los agro-privilegiados prometen reducir la importación de los combustibles produciendo etanol de caña de azúcar y sorgo, y biodiesel de soya. Pretenden solucionar un problema provocado por la agricultura dependiente del petróleo, empeorando el problema de origen. Este es el peor escenario para los bolivianos, pero el mejor para el agropoder porque, además de captar más combustible subvencionado, venderán los biocombustibles al Estado a precios internacionales. Subvención por doble partida. El gobierno de Luis Arce está más que convencido con este planteamiento y comenzó a gastar cientos de millones de dólares para la instalación de las plantas de etanol y biodiesel.
Todo apunta a que la deforestación seguirá aumentando, al igual que la canalización del dinero público hacia las cuentas bancarias de los gremios privilegiados.
*Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA.
