El gobierno de Rodrigo Paz está cayendo en el mismo error que el Movimiento al Socialismo (MAS): leer la economía desde un tribunal moral. No se trata de un exceso retórico, sino de una forma de pensar el poder donde el juicio moral reemplaza al análisis técnico y metódico de la realidad económica.
Tal como advierten las lecturas sobre el populismo, el problema no es la indignación moral en sí misma, sino la pretensión del monopolio de la moral, la idea de que solo una facción política representa la honestidad, la decencia y el interés común, mientras que los demás encarnan el saqueo, el desfalco y la corrupción. Cuando la arena política se instala en esos términos, el debate deja de girar en torno a las causas estructurales de la crisis, y se convierte en una lucha reaccionaria entre los “puros” y los “impuros”.
En cuestión de semanas, el lenguaje adjetivado y cargado de calificativos de alto impacto ha ganado terreno dentro del gobierno de Rodrigo Paz. El primer mandatario y su entorno repiten con insistencia términos como “robo”, “desfalco” o “saqueo”, no como categorías jurídicas ni conceptos económicos, sino como antivalores que buscan exacerbar la indignación “anti-masista” e instalar una narrativa de ruptura. Y lo están logrando: la cacería de culpables ha desplazado el debate de medidas económicas para hacer frente a la crisis.
Evo Morales hizo exactamente lo mismo en su momento. Construyó una narrativa donde los problemas económicos del país no derivaban del Estado rentista y clientelar, sino que eran provocados por los enemigos del pueblo: los “neoliberales”, los “vendepatrias” y las élites antipueblo. Atribuyó el atraso nacional a los gobernantes del pasado y a los instrumentos del “imperialismo”. Fueron los chivos expiatorios ideales para desentenderse de sus propias falencias y responsabilidades. Llegó al extremo de creer que su gobierno era moralmente superior y, por tanto, inmune a la corrupción. Sin embargo, tiempo después, el escándalo del Fondo Indígena se encargaría de dictar una de las lecciones de realismo más crudas de nuestros tiempos.
Las consecuencias fueron devastadoras. Morales tomó control de la renta del gas bajo la convicción de que la “nacionalización” no solo era un acto de justicia histórica para recuperar lo despojado a los oprimidos, sino que la privatización era la génesis de todos los males. La economía comenzó a girar en torno a la renta que el neoestatismo repartió según criterios políticos antes que económicos o técnicos. El gasto público dejó de responder a cálculos de costo-beneficio y pasó a cumplir el papel de legitimización política y contención social. Al poco tiempo, la corrupción tomó la forma de una pieza funcional para el aparato económico. Un componente internalizado que funge como “atajo” práctico dentro de un ecosistema plagado de cuellos de botella.
El gobierno de Rodrigo Paz corre el riesgo de repetir el mismo error, aunque bajo sus propias particularidades. Al hablar de “robos millonarios” o “desfalcos de 15 mil millones de dólares” no está haciendo análisis económico, sino instalando un discurso de reproche ético. Es una forma de insinuar que los exfuncionarios del MAS son portadores de una suerte de genes perversos. Al hacerlo, soslaya el hecho de que la corrupción es inducida por incentivos económicos emergentes de diseños institucionales deficientes, déficits fiscales recurrentes y precios distorsionados.
Al creer que la causa de raíz radica en la supuesta inferioridad moral de un grupo político, el gobierno de Paz no cae en cuenta que el Estado que administra funciona todavía bajo las mismas reglas de juego, incentivos y prácticas. La reciente denuncia bajo el rótulo de “saqueo institucional” cuestiona en tono severo el endeudamiento interno que dio lugar a la creación de empresas públicas que estaban condenadas al fracaso desde un inicio, pero guarda silencio en cuanto a la deuda externa. ¿Por qué? ¿Acaso una deuda es mala y la otra buena? El préstamo de 550 millones de dólares que el parlamento acaba de aprobar y cuyo destino es el gasto corriente, equivale exactamente a endeudarse para “elefantes blancos”. Es una muestra palpable de que el discurso moralizante no sólo es inútil para explicar la corrupción, sino que funciona como una coartada para no cambiar nada.
La corrupción no es una anomalía moral, sino un resultado previsible. Entender esto es fundamental, y es lo que más de uno espera del nuevo gobierno. Sin embargo, incluso los ministros considerados técnicos están cayendo en la simplificación de “ellos” los corruptos y “nosotros” los limpios. Su indignación selectiva, más allá de poner en duda sus credenciales meritocráticas, no corrige ineficiencias económicas, ni abre camino hacia reformas institucionales.
En última instancia, bajarse del púlpito es un desafío para todos, tanto para el gobierno como para la sociedad boliviana. No significa que tengamos que renunciar a la ética pública, sino comprender que la corrupción existe no tanto porque los bolivianos seamos deshonestos por naturaleza, sino porque perviven estructuras, políticas y prácticas que lo permiten, lo incentivan y no lo sancionan en su debido momento.
Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA.
Artículo publicado en: Visión 360, Brújula Digital, Rimay Pampa, Urgente.Bo, Sumando Voces
