Ante una profunda crisis económica y ambiental, los programas de gobierno presentados por los partidos políticos rumbo a las elecciones generales de 2025 repiten fórmulas que podrían agravar más la situación del país. Así lo establece un reciente análisis realizado por la Fundación TIERRA, en el que se advierte que la mayoría de las propuestas carecen de medidas concretas para abordar los costos sociales y ambientales de las reformas planteadas.
Las observaciones están contenidas en el documento “Programas de gobierno sin responsabilidades socioambientales”, en el que se reflexiona sobre la urgente necesidad de contar con políticas sostenibles, en un contexto marcado por el estancamiento económico y una inflación proyectada del 15,1% para fines de año.
Las candidaturas que se disputan las elecciones generales en Bolivia han centrado sus programas, principalmente, en ajustes macroeconómicos y expansión de actividades extractivas como la agroindustria, la minería del oro y la explotación del litio. También convergen en planteamientos similares como la creación de fondos de estabilización, eliminación parcial de subsidios a combustibles y flexibilización del tipo de cambio.
Sin embargo, en el marco del análisis técnico, se puede evidenciar un patrón preocupante: la falta de medidas claras para mitigar los impactos sociales y ambientales de sus propuestas. Aunque se plantean reformas profundas en materia económica, no se explican los mecanismos de protección para las poblaciones vulnerables ni se consideran los compromisos del país en materia ambiental.
En el ámbito social, se advierte sobre potenciales aumentos del desempleo, pérdida de poder adquisitivo y agravamiento de la pobreza, sin que se presenten mecanismos de protección para los sectores más desprotegidos.
Por otro lado, La pérdida de bosques primarios en Bolivia —la segunda más alta del mundo—, los incendios forestales récord de 2024 (12,6 millones de hectáreas quemadas), y la contaminación generada por la minería del oro y el litio son algunas de las señales de alerta que acompañan este escenario de devastación medioambiental.
En ese contexto, el documento apunta a los impactos específicos que se agravarían por sector. Por la agroindustria, crecerá la amenaza de altas tasas de deforestación e incendios forestales recurrentes. Por la minería aurífera continuará el riesgo de contaminación de ríos con mercurio, la destrucción de áreas protegidas y de territorios indígenas. Finalmente, la industria del litio, de la que no se tiene evaluaciones de impacto ambiental, amenaza con la alteración de sistemas hídricos, con un consumo proyectado de hasta 10 millones de metros cúbicos de agua anuales.
¿Cuál es el impacto previsto en el desempleo?, ¿qué mecanismos de protección social y mitigación se proponen para enfrentar la pérdida de poder adquisitivo?, ¿qué cambios normativos e institucionales se establecerán para lograr un uso racional de la tierra y los bosques en el país?, ¿qué políticas se implementarán para lograr una verdadera fiscalización de las actividades mineras? Estas son algunas de las preguntas que se formulan a los candidatos, con las que se sintetiza los principales desafíos de las propuestas económicas planteadas.
El documento, también, advierte que la persistencia en modelos insostenibles, junto al silencio frente a estos costos, compromete el desarrollo del país y remarca que "cualquier programa de gobierno debería estar enmarcado dentro de directrices y políticas sostenibles" para cumplir con los compromisos internacionales de Bolivia en materia de responsabilidad social y ambiental.
Frente a esta situación, la Fundación TIERRA hace un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos a exigir propuestas más responsables y coherentes con la realidad del país, que garanticen no solo crecimiento económico, sino también equidad social y sostenibilidad ambiental, que integren objetivos sociales, económicos y ambientales con metas claras, medibles y transparentes.
Descarga el documento aquí: Programas de gobierno sin responsabilidades socioambientales