En un encuentro celebrado en Cobija, departamento de Pando, representantes de organizaciones indígenas de Perú y Bolivia suscribieron este jueves un posicionamiento binacional que establece diez compromisos clave para la defensa de sus territorios, la protección ambiental de la Amazonía y el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos y alimentarios.

Este 9 de agosto se cumplen 30 años de la declaración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas por la Organización de Naciones Unidas y en Bolivia, la lucha indígena, que comenzó años antes con la histórica marcha de 1990 para el reconocimiento pleno de sus derechos a la tierra y territorio, autonomías, justicia y consulta previa, hoy tiene aún mucho camino por recorrer.  

“La falta de consulta para proceder con la reconversión de tierras puede dejar a pequeños productores a merced del mercado”, advirtió este viernes el director de la Regional Oriente de la Fundación TIERRA, Alcides Vadillo, al referirse al proyecto de ley 157 de Conversión de la Clasificación de Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial, cuyo tratamiento se encuentra pendiente en la Asamblea Legislativa.

A un año exacto de haber presentado una denuncia formal ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra Bayer AG, no existe una respuesta a la queja presentada por el impacto de los pesticidas en las regiones sudamericanas de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, caso que fue elaborado por una coalición de seis organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación TIERRA.

Durante años, la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana II existió más en la memoria y en la resistencia que en los papeles del Estado. Era bosque, río y comunidad, pero no tenía sello ni firma. Hace seis meses, la Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios (CITMRD) recibió por fin su título ejecutorial, documento por el que esperó durante más de dos décadas. Su consolidación no fue un regalo ni un gesto político repentino.

Sin sustento técnico ni jurídico. Esa es una de las principales deficiencias que tiene el proyecto de ley que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) convertir pequeñas propiedades agrarias en medianas mediante un procedimiento excepcional, advirtió este miércoles la Fundación TIERRA. La organización señala que el proyecto de normativa favorece a intereses privados por encima del mandato constitucional de redistribución y control social de la tierra.