En el norte de La Paz, en medio del verde de la Amazonía, el pueblo indígena tacana libra una batalla silenciosa pero determinante. No es una guerra de armas, sino de palabras, sonidos y significados que corren el riesgo de desvanecerse con el tiempo. Es la lucha por mantener viva su lengua ancestral, un idioma que guarda en cada morfema los secretos de su historia. Un legado para el cual su pueblo ha trazado varios caminos para no perderlo.

A un año exacto de haber presentado una denuncia formal ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra Bayer AG, no existe una respuesta a la queja presentada por el impacto de los pesticidas en las regiones sudamericanas de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, caso que fue elaborado por una coalición de seis organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación TIERRA.

Las organizaciones indígenas y campesinas que protagonizaron la “Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígena Originario Campesinos” rechazaron de forma categórica las denuncias de que su movilización estaría financiada o dirigida por organizaciones no gubernamentales (ONG) u otros actores externos.

En un encuentro celebrado en Cobija, departamento de Pando, representantes de organizaciones indígenas de Perú y Bolivia suscribieron este jueves un posicionamiento binacional que establece diez compromisos clave para la defensa de sus territorios, la protección ambiental de la Amazonía y el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos y alimentarios.

Este 9 de agosto se cumplen 30 años de la declaración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas por la Organización de Naciones Unidas y en Bolivia, la lucha indígena, que comenzó años antes con la histórica marcha de 1990 para el reconocimiento pleno de sus derechos a la tierra y territorio, autonomías, justicia y consulta previa, hoy tiene aún mucho camino por recorrer.  

Alrededor de 70 organizaciones de la sociedad civil boliviana —entre ellas la Fundación TIERRA— suscribieron un pronunciamiento público conjunto en el que rechazan las descalificaciones, la estigmatización y las amenazas dirigidas contra organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades sin fines de lucro, y reafirmaron su papel como defensoras de derechos humanos y actoras del desarrollo.