En América Latina, los pueblos indígenas han logrado un reconocimiento jurídico sin precedentes de sus derechos territoriales. Constituciones, tratados internacionales y sentencias judiciales los respaldan. Sin embargo, ese reconocimiento convive con una realidad de despojo, impunidad y violencia. La distancia entre lo que se declara en los tribunales y lo que se vive en los territorios constituye una de las brechas más críticas —y persistentes— de la justicia agroambiental.

Este problema no es abstracto. Se refleja en casos concretos donde las comunidades ven cómo sus derechos son reconocidos en papel, pero negados en la práctica. El pueblo Tsimane, en la Amazonía boliviana, es un ejemplo paradigmático. Su caso no es solo ilustrativo: es un espejo de las limitaciones estructurales del sistema judicial frente a los derechos colectivos.

El caso Tsimane

Según señala su plan estratégico (2023), el Sub Consejo Tsimane sector Yacuma está conformado por aproximadamente 1000 personas distribuidas en 14 comunidades amazónicas ubicadas cerca de Yucumo, en el departamento del Beni. En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional 0935/2024-S3, que reconoció su derecho ancestral sobre 54.000 hectáreas de territorio y anuló resoluciones administrativas que habían autorizado asentamientos de colonos interculturales en esas tierras.

La sentencia ordena el desalojo inmediato de los ocupantes y la restitución plena del territorio. Sin embargo, a noviembre de 2025, casi un año después, no se ha ejecutado. Los colonos han declarado públicamente que no se moverán, y las instancias estatales responsables de hacer cumplir el fallo no han actuado. El resultado es una tensión creciente en la zona y un pueblo indígena que, pese a tener un fallo constitucional a su favor, sigue viviendo atemorizado viendo vulnerados sus derechos.

Este caso no es una excepción. Es la expresión concreta de cómo las brechas procedimental y política se entrelazan y bloquean la garantía efectiva de los derechos colectivos.

La dimensión de la brecha

El caso Tsimane muestra con crudeza la brecha entre reconocimiento y garantía: la justicia reconoce el derecho, pero no logra imponerlo. Esta tensión revela dos fallas estructurales que se retroalimentan: la brecha procedimental y la brecha política.

Brecha procedimental: el fallo sin fuerza

Esta brecha se refiere a la incapacidad del sistema judicial para ejecutar sus propias decisiones. Aunque el derecho es reconocido, no existen mecanismos eficaces para imponerlo en el territorio.

La Sentencia Constitucional 0935/2024-S3 reconoció de manera clara el derecho territorial de los Tsimane y ordenó la restitución de sus tierras. Sin embargo, la ausencia de mecanismos coercitivos eficaces para ejecutar la decisión dejó a la comunidad en una situación de mayor vulnerabilidad. El fallo existe, pero no tiene fuerza de mando. Esta incapacidad del sistema judicial para imponer sus propias decisiones revela una crisis de autoridad: el derecho queda suspendido y lo que prevalece es la voluntad de quienes ocupan el territorio. En términos prácticos, la sentencia se convierte en un documento simbólico, sin capacidad de transformar la realidad.

En Bolivia, diversos estudios han señalado que las sentencias en materia indígena y agroambiental carecen de mecanismos coercitivos eficaces para su cumplimiento. Ramiro Ibáñez Ferrufino, en un análisis publicado en Revista Ciencia, Tecnología e Innovación (2021), advierte que los desajustes jurisdiccionales generan un vacío de autoridad: cuando las decisiones judiciales no se aplican frente a actores estatales o privados, el derecho queda suspendido y lo que se impone es la fuerza. Esta crisis de mando judicial se refleja en casos como el del pueblo Tsimane, donde una sentencia constitucional clara no ha podido ejecutarse en el territorio.

Brecha política: la justicia atrapada entre intereses

Esta brecha alude a la falta de voluntad política para hacer cumplir las decisiones judiciales cuando éstas afectan intereses económicos o alianzas estratégicas del Estado.

La falta de ejecución no puede explicarse únicamente por debilidades técnicas. En el caso Tsimane, la resistencia abierta de los colonos y la inacción de las instituciones estatales reflejan la presión de intereses económicos vinculados a la expansión agrícola y extractiva en la Amazonía. La justicia queda atrapada entre el reconocimiento formal y la resistencia práctica, mostrando que la voluntad política es un factor decisivo. Mientras las instituciones encargadas de hacer cumplir la sentencia prioricen la estabilidad con actores económicos o políticos por encima de los derechos colectivos, el fallo seguirá sin aplicarse.

Esta resistencia práctica frente a las decisiones judiciales se explica, en gran medida, por la presión de actores económicos vinculados a la minería, la agroindustria y la expansión de la frontera agrícola. Un estudio reciente sobre el TIPNIS muestra cómo comunidades indígenas enfrentan avasallamientos, minería aluvial y cultivos ilegales de coca, pese a contar con derechos reconocidos. Camilo López Flores, en la revista Estudios de Etnicidad y Sociedad (2023), señala que los conflictos territoriales en las tierras bajas evidencian cómo el modelo extractivista bloquea la implementación de derechos colectivos, atrapando a la justicia entre el reconocimiento formal y la resistencia práctica.

Más allá del reconocimiento: hacia una justicia debida

En conjunto, estas dos brechas muestran que el problema no es la ausencia de normas ni de sentencias favorables, sino la incapacidad del sistema judicial de imponerse frente a actores que desafían su autoridad. El caso Tsimane revela que cuando la justicia no logra ejecutar sus decisiones, el derecho se convierte en letra muerta y la fuerza se impone sobre la norma.

Superar esta brecha entre reconocimiento y garantía exige más que reformas legales: requiere una transformación institucional que devuelva fuerza al mandato judicial, y una reconfiguración política que coloque los derechos colectivos por encima de los intereses extractivos. Mientras eso no ocurra, la justicia agroambiental seguirá siendo una promesa escrita en papel, pero negada en la práctica para los pueblos indígenas.

En este contexto, la propuesta de reforma judicial anunciada por el actual gobierno merece una atención crítica. Aunque aún no se conocen con claridad sus términos, si la reforma se limita a modernizar lo operativo —a través de la digitalización de los actuados de un proceso, tal como lo anunció el presidente Paz— o a reducir plazos procesales sin abordar las causas estructurales de la ineficacia judicial, las transformaciones no serán reales. En materia agroambiental, el cambio no puede depender únicamente de ajustes administrativos: requiere una transformación profunda de la visión de desarrollo del Estado, orientada hacia la sostenibilidad ambiental, así como el fortalecimiento de las instituciones que pueden hacer posible ese giro. Una de esas instancias clave es el poder judicial, que por ahora actúa sin fuerza real frente a los actores que vulneran derechos colectivos en los territorios indígenas.

Esteban Sanjinés es Investigador Jurídico de la Fundación TIERRA.