Cuando el bosque arde, no es solo el fuego el que lo consume, también lo hace la ley y este Decreto es uno de ellos.
El 14 de mayo de 2025, se promulgó el Decreto Supremo 5390. Según el discurso oficialista, se trata de una norma pensada para proteger y conservar los bosques bajo el concepto de “gestión integral”. Sin embargo, basta leer con atención su contenido para entender que lo que realmente hace es legalizar asentamientos ilegales en tierras fiscales, permitir el cambio de uso de suelo en reservas forestales y abrir la puerta al desmonte legal y a la expansión de la frontera agrícola y agroganadera en zonas que, hasta ahora, deberían estar protegidas por ley.
Decir que el Decreto 5390 busca una “gestión integral del bosque” es un disfraz legal y político. Lo que se propone no es protección, es entrega; es legalización del desmonte, es regularización del despojo, muchas veces en territorios indígenas que no han sido consultados ni escuchados.
Los territorios ocupados sin autorización ahora pueden regularizarse. Actividades agroindustriales que antes estaban prohibidas en reservas forestales, como desmontes masivos, pueden hoy gestionarse "integralmente", haciendo un cambio de uso de suelo. Y todo esto se hace a nombre de la protección del bosque.
Hasta antes de este decreto, la Ley Forestal N.º 1700 y el Decreto Supremo 26075 prohibían expresamente actividades agrícolas y asentamientos humanos dentro de reservas forestales como las siguientes: 1) Reserva Forestal Guarayos, 2) Reserva Forestal de Producción Bajo Paragua, 3) Reserva Forestal de Inmovilización Rio Grande Masicuri, 4) Reserva Forestal de Inmovilización Itenez, 5) Área de Protección de Cuencas Hidrográficas Eva Eva Mosetenes, 6) Reserva Forestal Serranías de Bella Vista, 7) Reserva Forestal Quineras del Aten, 8) Reserva Forestal Cuenca del Rio Boopí, 9) Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde y 10) Reserva Forestal Covendo.
Estas zonas eran reconocidas como áreas donde solo se podían realizar planes de manejo sostenible, con criterios de regeneración del bosque a largo plazo. Su objetivo era claro: preservar el ecosistema y sus funciones ambientales esenciales.
Hoy, esa idea ha sido enterrada con el Decreto 5390, que prácticamente entrega el bosque a quienes lo invadieron, lo desmontaron, lo quemaron. Les ofrece el perdón legal. Les permite quedarse. Les da la llave del despojo, sellada con la firma del Estado. No es exageración, claro que no: lo que era del bosque, ahora será formalmente apropiado por intereses privados y económicos.
¿Pero por qué debería importarnos?
Porque las reservas forestales no son “tierras sin dueño”, son bienes comunes del país, de todos los bolivianos. Son pulmones verdes, reguladores del clima, hábitats de miles de especies, fuentes de agua, y barreras naturales contra incendios y desastres ecológicos. Cuando una ley permite convertir el bosque en campo para el agronegocio, los monocultivos o la ganadería extensiva, el daño es profundo y, muchas veces, irreversible.
Además, este tipo de normativas ha sido causa directa de incendios forestales devastadores como los que hemos vivido año tras año en la Chiquitanía, en la Amazonía y en los parques nacionales. A mayor desmonte, mayor riesgo de fuego. A mayor ganancia privada, mayor pérdida pública.
Pero hay algo aún más preocupante: el Decreto contradice la Constitución Política del Estado, que reconoce los derechos de la Madre Tierra, el deber de proteger los bienes comunes y el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios. Ignora también la Ley de la Madre Tierra, la Ley Forestal vigente y tratados internacionales que Bolivia ha ratificado, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París, todos ellos orientados a garantizar la justicia ambiental, el acceso a la información y la protección de los derechos colectivos.
Y mientras algunos luchan por denunciar esta situación, en los pasillos de la ABT ya se socializa el reglamento del Decreto. Hay quienes lo esperan con ansiedad: empresarios del agronegocio, colonos, actores con intereses sobre la tierra. La maquinaria está lista para actuar. ¡El bosque no! El bosque no tiene voz, una vez aprobada la reglamentación, el bosque ya no podrá defenderse.
Lo que se juega aquí no es solo una discusión legal o técnica. Es una decisión ética y política sobre qué tipo de país queremos. Uno donde las leyes protejan el bien común o uno donde las leyes se escriban para facilitar su entrega.
Estamos a un paso del punto de no retorno. La Amazonía podría convertirse en sabana, lo que traería graves consecuencias climáticas, ecológicas, agrícolas y sanitarias. Más del 98% de los incendios en la Amazonía en 2024 fueron provocados intencionalmente, ligados a redes criminales de tala, minería, ganadería y narcotráfico. Solo una acción urgente, global y local, que combata tanto la deforestación como el crimen que la impulsa, puede revertir esta tendencia[1].
No permitamos que, por desconocimiento o desidia, se legalice el ecocidio.
[1] "Estamos peligrosamente cerca del punto de no retorno": climatólogo sobre el futuro de la selva amazónica | Selva amazónica | El Guardián