En las últimas semanas, la crisis de provisión de combustible, en particular del diésel, se ha venido agravando, ante el desinterés y la inacción del gobierno, que termina su gestión este 7 de noviembre, pero que ya parece haberse ido. Las filas inmensas, el cansancio de los choferes del transporte público, departamental e internacional y la de los tractores en oriente, pero también en occidente, son el retrato de esa falta de decisiones oportunas.
En estos días se han escuchado voces cada vez más altas, más protagonistas, del sector agroindustrial del oriente, que viene reclamando largamente la provisión de combustibles primero para la cosecha de invierno y ahora para la campaña de verano. Argumentan, con razón, que el país corre un serio riesgo de disminuir la producción de soya, caña de azúcar y otros productos exportables y, con menos razón, de que esta fuerte reducción afectará a la seguridad alimentaria del país, de la que se dicen ser base.
Si bien la falta de diésel, en época de siembra, puede tener un impacto directo en la producción de soya y afectar a la provisión de alimentos para la industria avícola, porcina y lechera, no es menos cierto que afectará también la siembra del resto de alimentos, alrededor del 70% de lo que comemos, según diversos estudios, que provee la agricultura familiar asentada en altiplano y valles interandinos y mesotérmicos principalmente.
¿Alguien ha escuchado a algún representante campesino demandar diésel para los tractores en el altiplano o reclamar por el dólar paralelo que encarece el precio de semillas y otros insumos productivos para la siembra anual en altiplano y valles?
El gobierno que termina sus funciones, ¿ha ofrecido alguna solución, sabiendo que de esta siembra depende lo que comeremos los próximos meses?
En los diferentes debates donde estuvieron presentes los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, ¿se han escuchado propuestas que, reconociendo la importancia de la agricultura familiar, busquen mejorar, tecnificar, innovar esta actividad económica?
La agricultura continúa siendo la segunda actividad a la que se dedican bolivianos y bolivianas. Según el censo 2024, el 27 % de la PEA declara como principal actividad la agrícola, la que da empleo decente a la población rural, la que todavía impide la migración sin retorno a las ciudades, pero que ni siquiera mirando el plato diario de comida reconocemos su aporte.
En el momento en que se lee este artículo, las filas de tractores en las gasolineras de altiplano y valles continúan sin atención. La siembra está atrasada en diferentes provincias por falta de diésel, amenazando la provisión de papa y otros alimentos a las ciudades; en otros lugares los tractoristas que prestan servicios en diferentes comunidades están comprando el diésel en el mercado negro a casi el triple del precio oficial de un combustible inexistente. Por lo tanto, el servicio de roturado ha subido en un 20% para esta campaña agrícola, porque el ciclo agrícola no espera, la tierra no espera, la lluvia no espera…
Ya el año pasado se sufrió este panorama, no tan prolongado como el que vivimos ahora. ¿Las consecuencias? Menor superficie cultivada, menor producción, precios más altos, profundizando aún más la pobreza y la falta de alimentos.
Ya el gobierno actual, y el futuro que sea electo este domingo, vienen escuchando los reclamos del sector agroindustrial y brindando alguna forma de respuesta; la aprobación en el senado de la libre importación de diésel propuesta por el movimiento cívico cruceño, ¿estará contemplado que alguna gota llegue para el ciclo de la agricultura familiar? ¿Podrá este sector acceder a los precios elevados de este combustible? Ya no hablemos de lo que podría hacer el gobierno actual que se va, escuchemos la respuesta urgente de los que llegan.
Roxana Liendo B. es economista, experta en seguridad y soberanía alimentaria.
