A pesar de los avances institucionales derivados de la Reforma Agraria de 1953 y la titulación de tierras impulsada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en los últimos 25 años, persisten profundas tensiones en torno al acceso seguro a la tierra, especialmente para los jóvenes en zonas rurales del altiplano boliviano. Si bien se han otorgado títulos de propiedad individual y de copropiedad, dichos instrumentos legales no garantizan la seguridad real de la tenencia, particularmente cuando las dinámicas familiares, comunitarias y de poder entran en juego.
Uno de los principales desafíos que enfrentan los jóvenes agricultores y ganaderos es la vulnerabilidad de sus inversiones productivas. Muchos jóvenes invierten en mejoramiento de suelos, siembra de pastos mejorados, crianza de ganado (ovino, camélido, bovino) y otras innovaciones agropecuarias con el objetivo de aumentar la productividad y sostenibilidad de las unidades productivas. Sin embargo, estos esfuerzos suelen verse afectados cuando copropietarios, tíos u otros familiares cercanos, que comparten el derecho propietario de la tierra, bloquean o se apropian de los beneficios generados por dichas inversiones.
Además, se observan tensiones internas en las familias, especialmente entre hermanos, respecto al uso y control de las tierras heredadas. En muchos casos, el joven que asume la responsabilidad directa del cuidado del ganado o del manejo productivo no recibe reconocimiento ni compensación justa, lo que genera desánimo, conflictos y, en última instancia, desincentivos para continuar en el medio rural.
Otro factor que agrava esta situación es la presión comunitaria sobre los jóvenes. Cuando un joven o una familia joven accede a beneficios de proyectos de desarrollo (agricultura, ganadería, infraestructura), la comunidad suele exigir que asuman cargos de responsabilidad, como autoridad comunal o Mallku, o como miembros de la junta escolar u otros cargos comunales. Esta carga social, aunque importante, no va acompañada de garantías legales sobre el acceso o control de la tierra, lo que deja al joven en una posición de mayor exposición sin protección real.
Lo más preocupante es que, ante la falta de seguridad jurídica y el riesgo de ser desplazado de las tierras que supuestamente son “de toda la familia”, a pesar de sus inversiones, muchos jóvenes optan por abandonar el altiplano. Este fenómeno contribuye al despoblamiento rural, es decir, la migración hacia las ciudades, a la Amazonía o en casos extremos, al exterior. Aunque la crisis climática y las condiciones medioambientales adversas de la región del altiplano influyen, la inseguridad de la tenencia de la tierra emerge como un factor estructural clave en la decisión de migrar de la población joven.
Es fundamental que como sociedad tomemos medidas concretas para proteger a la población joven como emprendedores en la agricultura y ganadería. ¿Cuáles son las razones? Primero, debemos garantizar que tengan acceso seguro a la tierra. Esto implica no solo un respaldo verbal sino también escrito por las autoridades originarias de las comunidades. Esto debe ser reforzado desde la educación sobre sus derechos y la promoción de la mediación en conflictos familiares.
Segundo, es necesario crear incentivos económicos que fomenten la inversión en la agricultura y la ganadería. Los jóvenes deben sentir que sus esfuerzos serán recompensados y que pueden construir un futuro próspero en sus comunidades.
Por último, es crucial promover la innovación tecnológica agrícola, capacitando a los jóvenes en técnicas modernas y sostenibles que puede ser la clave para revitalizar el altiplano y asegurar su futuro.
Los jóvenes del altiplano boliviano son el presente y futuro de las comunidades. No se debe permitir que se vean obligados a abandonar sus tierras y sus sueños. Para ello, es necesario asegurar el acceso seguro a la tierra, esto en el fondo implica debatir los mejores escenarios del recambio generacional en las comunidades rurales del país. También implica que las comunidades trabajen una visión propia de desarrollo en sus planes de vida, la normativa comunal de autogobierno con responsabilidad medioambiental. Asimismo, las capacidades tecnológicas.
En síntesis, la protección de nuestros jóvenes no es solo una responsabilidad, sino una inversión en el presente y futuro de Bolivia.
José Moisés Sarzuri es Técnico Regional Altiplano de la Fundación TIERRA.