Frente a diversas amenazas, organizaciones de base, plataformas territoriales y aliados estratégicos se reunirán los días 13 y 14 de abril en Santa Cruz de la Sierra en el Encuentro Nacional por la Tierra y Territorio, convocado por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB).

Un par de chozas improvisadas, árboles derribados y el trazo de un camino en plena apertura. Eso fue lo que encontraron en la última semana los monitores de Tacana II, durante un recorrido por su territorio. El hallazgo los puso en alerta máxima por el lugar exacto donde ocurre, que es un sitio donde se ha identificado la presencia de un pueblo indígena no contactado, y donde además se concentran los árboles de castaña que sostienen la economía de las comunidades del pueblo indígena.

La sanción del Proyecto de Ley 157 en la Cámara de Diputados —que habilita la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria a mediana— desató una ola de rechazo en organizaciones campesinas e indígenas de todo el país, que comenzaron a articular medidas de presión para exigir su anulación. La mencionada normativa viola tres artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y sienta las bases para la reconcentración de tierras y el retorno del latifundio, que son figuras prohibidas por ley, según denunciaron instituciones especializadas en desarrollo rural y agrario.

A través de un pronunciamiento conjunto, 11 organizaciones especializadas en derecho agrario, derechos indígenas y política de tierras cuestionaron este viernes la aprobación, en la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley 157 de conversión de pequeña propiedad a mediana. La norma, que fue aprobada en medio de cuestionamientos por la falta de socialización y debate, vulnera artículos específicos de la Constitución Política del Estado (CPE) y sienta las bases para una reconcentración de la propiedad de la tierra en el país.

La Cámara de Diputados sancionó el Proyecto de Ley N.º 157/2023-2024 de reconversión de la propiedad agraria, en medio de cuestionamientos por la falta de socialización y debate. La Fundación TIERRA expresó su preocupación por que la norma fue aprobada sin escuchar a organizaciones sociales representativas y alertó que, lejos de beneficiar a la mayoría de pequeños productores, podría favorecer a un grupo reducido y generar riesgos para la convivencia en comunidades campesinas e indígenas.

El Foro Empresarial Brasil-Bolivia —celebrado esta semana en la sede de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp) y que reunió a grandes productores y autoridades de Brasil y Bolivia—  reveló una nueva oleada de capital agroindustrial brasileño que ya opera en suelo boliviano y tiene sus ojos puestos en Santa Cruz y Beni para su ampliación.