Gonzalo Colque, economista e investigador de Fundación TIERRA, aseguró que Bolivia podría recortar su déficit fiscal —estimado en 5.000 millones de dólares— casi a la mitad en dos a tres años, si se aplicaran cuatro medidas concretas y políticamente viables: eliminar la subvención al diésel para el sector extractivo exportador; reducir en 50% la subvención a combustibles para uso particular; recortar gastos públicos y salarios altos en el sector estatal y nivelar el precio del gas subvencionado a empresas públicas.

El Lago Titicaca enfrenta una de sus peores crisis socioambientales en décadas. La contaminación por residuos sólidos, químicos y biológicos provenientes de los ríos de la cuenca Katari, sumada a la sequía que ha reducido su caudal, pone en riesgo los medios de vida y la sostenibilidad de las comunidades que habitan a su alrededor.

“La agricultura familiar campesina indígena no es el pasado: es el presente y el futuro de la alimentación en Bolivia”. Con esa frase, Pamela Cartagena, investigadora y exdirectora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) hizo un crudo diagnóstico: el sector que alimenta a más de la mitad de la población fue invisibilizado debido al abandono estatal, la presión del modelo agroexportador y la amenaza creciente del cambio climático.

Bolivia atraviesa una crisis económica, social, política y ambiental entrelazada, y salir de ella exige más que simples reformas: requiere una “revolución exportadora” con bases en el desarrollo humano, la sostenibilidad ambiental y la gobernabilidad democrática. Así lo propuso el analista Henry Oporto, Director Ejecutivo de la Fundación Milenio, durante su intervención en el Foro Elecciones y Agroexportación ¿Una respuesta viable y sostenible a la crisis?